"Otros ​5.000 zaragozanos necesitan ayuda en el día a día para asegurar su autonomía"

La cifra de hogares que recibieron ayuda a domicilio municipal iguala a la de la lista de espera.

Listas de espera en la ayuda a domicilio municipal
Listas de espera en la ayuda a domicilio municipal
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Casi 1.300 personas más solicitaron en 2014 el servicio gratuito de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Zaragoza tras recibir el visto bueno de los trabajadores sociales. Un servicio que durante el año pasado llegó a 5.076 hogares pero que los propios trabajadores sociales municipales califican de insuficiente debido al envejecimiento de la población.


Según denuncia la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, la lista de espera para recibir la ayuda a domicilio ha aumentado hasta el punto de haber "otros 5.000 ancianos" esperando a ser atendidos. Dato que consideran "difícil de confirmar" desde el Ayuntamiento porque "no es una lista que vaya por antigüedad, sino por baremos de necesidad".


La ayuda a domicilio municipal supone una ayuda de entre dos y seis horas a la semana para desempeñar actividades de la vida diaria y "asegurar la autonomía" de las personas mayores, con discapacidad o con rentas bajas. Acompañar a hacer la compra o limpiar la casa son algunas de las tareas que incluye.


La prestación de este servicio está incluida en el Convenio Marco de de Acción Social entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Convenio que contempla una inversión anual de 10,6 millones de euros (5,3 aportados por el Consistorio y 5,3 por la Administración autonómica).


Ante el aumento de solicitudes y las listas de espera denunciado por los trabajadores sociales, el Consistorio argumenta que no puede adelantar más dinero porque el Gobierno de Aragón no abonó su parte de 2014 hasta el 30 de abril de este año y ahora adeuda la partida correspondiente a 2015.

¿Y la ayuda a dependientes?

Esta ayuda a domicilio es un servicio complementario que ofrece el Ayuntamiento y diferente del que debería ofrecer a las personas dependientes el Gobierno de Aragón, según la Ley de Dependencia.


Pero como Aragón es una de las dos únicas comunidades autónomas que todavía no tienen desarrollado el servicio de ayuda a domicilio para dependientes, cuando una persona pasa a ser considerada dependiente pierde el derecho a recibir el servicio gratuito municipal y no puede optar a recibir uno autonómico, porque no lo hay.


Situación que ha querido resolver este mismo mes de mayo el Gobierno de Aragón (tras ocho años de aplicación de la Ley de Dependencia), invitando a las personas dependientes con derecho reconocido al servicio de ayuda a domicilio "a contratar directamente a una empresa privada" y a pedir una prestación económica que cubra ese servicio.


Desde la consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia explicaron en su momento a Heraldo.es que esta decisión era consecuencia de "una actuación irresponsable del Ayuntamiento de Zaragoza", que no había querido firmar un convenio de ayuda a domicilio a dependientes con el Gobierno de Aragón, como sí hicieron otras entidades locales.


El Ayuntamiento se defiende y su consejero de Acción Social, Roberto Fernández, argumenta que el servicio de ayuda a domicilio para dependientes es legalmente una competencia exclusiva del Gobierno de Aragón. "El Ayuntamiento de Zaragoza ya presta un Servicio de Ayuda a Domicilio complementario que nos cuesta más de 14 millones de euros cada año. Es el IASS quien debe, según la Ley de Dependencia, hacerse cargo de esa prestación. Y sin embargo, lo que pretende es que una vez más, sea el municipio zaragozano el que acarree con unos gastos que no le pertenecen". Fernández asegura que la fórmula planteada por el Gobierno de Aragón en el convenio que no se llegó a firmar era "completamente inviable por razones administrativas y contables".


Según los cálculos de Marea Naranja unas 2.000 personas dependientes de grado I y II tendrían derecho a recibir la ayuda a domicilio en Aragón y el Consistorio calcula que tendría que adelantar "más de dos millones de euros más para ofrecer un servicio que no es competencia municipal y que, además, no estaba consignado en los presupuestos".