Denuncian la "privatización" de la ayuda a domicilio para dependientes

Las personas dependientes que tienen derecho reconocido al servicio de ayuda a domicilio deberán pedirlo a una empresa privada, sin tener claro cuántas horas contratar ni qué les abonarán después. Así lo ha comunicado el IASS por carta a algunos dependientes. Esta situación es única en España, ya que en otras comunidades hay una oferta pública de servicio de ayuda a domicilio para dependientes. Marea Naranja denuncia "la privatización" de este servicio y la falta de información a las familias.

El IASS está enviando cartas en las últimas semanas a los dependientes diciéndoles que pueden elegir entre una serie de empresas para el servicio de ayuda a domicilio. Pero no les ha explicado en qué condiciones ni qué porcentaje del coste de este servicio se pagará luego a las familias. El Espacio de derechos sociales de Marea Naranja ha covocado una reunión de afectados para este miércoles y valora emprender acciones legales.

"Es una privatización del servicio de ayuda a domicilio que debería prestar la Administración. Hay ayuntamientos y comarcas que ofrecen ayuda a domicilio como un servicio asistencial, sólo para gente con rentas limitadas. Pero según la Ley de la dependencia, todas las personas deberían tener derecho a este servicio", subraya Ángel Sanz, miembro del Espacio de Derechos.

En Aragón, unas 16.000 personas reciben prestaciones de la dependencia y, al menos, otras 7.000 están en lista de espera, según datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. En otras comunidades autónomas, un 15% de los beneficiarios reciben el servicio de ayuda a domicilio, por lo que en Aragón más de 2.000 personas se verían afectadas por "esta privatización" que denuncia Marea Naranja y que también ha sido criticada por los partidos de la oposición en las Cortes de Aragón.Las dudas de este modelo de gestión

"Como persona en situación de dependencia cuya propuesta de PIA establece como recurso idóneo no disponible el servicio de ayuda a domicilio le comunicamos que, dada la inexistencia de servicio público en su localidad que preste esta asistencia, puede contratar directamente con una de las empresas privadas acreditadas por el Gobierno de Aragón, y solicitar una prestación vinculada al servicio (...). La empresa deberá contratar al menos el número de horas mínimo establecido para su grado de dependencia", señala la carta enviada por el IASS.

La ayuda a domicilio es recomendada para dependientes de grado I y II que tienen cierta autonomía y viven en sus casas. Se trata de una ayuda para el baño, curas o asistencia médica, preparar la comida, limpieza de la casa y otras tareas domésticas. Un servicio de dos horas diarias puede suponer un gasto de 1.000 euros al mes, según la consulta de una familia a una de estas empresas.

Marea Naranja critica que la prestación de este servicio a través de estas empresas tal y como ha diseñado el IASS plantea muchas dudas. "¿En qué acto legal o administrativo se sostiene la oferta de este servicio que la dirección provincial está enviando a determinados dependientes? ¿Dónde y cómo se ha hecho público para conocimiento de los ciudadanos? ¿Cómo han sido acreditadas estas empresas para ofrecer este servicio? ¿Quién llevará a cabo el seguimiento de esta prestación y verificará su calidad? ¿Los dependientes que no quieran (o no puedan, por el coste) aceptar esta oferta y renuncien a ella, se quedarán fuera del sistema? ¿Qué oficina o teléfono se ofrece al dependiente y su familia para que se asesore sobre la carta recibida y pueda tomar la decisión más adecuada?", plantean desde el Espacio de derechos sociales.

También hay muchas dudas sobre el procedimiento, pues es la familia la que debe contactar con la empresa y solicitar las horas que considere. "Según la comunicación de la dirección provincial, primero hay que contratar con una empresa del listado de empresas acreditadas. ¿Pero cómo van a saber las personas dependientes el número de horas a contratar, si no se ha especificado en su propuesta del PIA? ¿Puede uno contratar las horas que considere con la seguridad de que el IASS le reembolsará la cantidad correspondiente o deberá conocer previamente el número de horas que puede contratar", preguntan."Es una actuación irresponsable del Ayuntamiento de Zaragoza"

Desde la consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia explican que el envío de estas cartas se debe a "la actuación irresponsable del Ayuntamiento de Zaragoza", que no ha querido firmar el convenio de ayuda a domicilio con el Gobierno de Aragón, como sí han hecho otras entidades locales.

"Para no perjudicar a las personas dependientes de Zaragoza a los que los trabajadores sociales han prescrito el servicio de ayuda a domicilio, por la falta de disposición y voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza a firmar el convenio, se buscó como solución alternativa que las personas dependientes pudieran optar por una prestación económica vinculada al servicio. El Ayuntamiento ha convertido una cuestión de mera tramitación administrativa en una cuestión política", afirman fuentes de la consejería.

"Para poner en marcha la prestación de este servicio se podría haber optado por sacar a licitación un contrato de servicios, como han hecho otras comunidades autónomas, pero se optó por la vía de encomienda de gestión mediante convenios. No obstante, en ambos casos sería una forma de prestación de un servicio público integrado en la red pública de servicios sociales. No se trata de ninguna privatización. Estamos ante un supuesto de colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos", señalan.