El Partido Popular volvió a exigir ayer (y lo solicitará de nuevo en el próximo pleno de la junta municipal del Casco Histórico) que se cumpla el acuerdo de crear una mesa del ruido que permita abordar el problema de los bares en el distrito y frenar así las molestias que estos generan entre los residentes de la zona. 

La concejal Reyes Campillo recuerda que en marzo de 2013 se aprobó adoptar esta medida –en la que se quería implicar a asociaciones vecinales, hosteleros, policía local, personal técnico municipal y grupos políticos– «y casi año y medio después no se ha hecho absolutamente nada». Campillo remarca la importancia de que este acuerdo salga adelante ante un problema crónico, que «vulnera el derecho al descanso de muchos vecinos», que han venido organizándose en colectivos como Casco Histérico o Zaragoza La Harta.

El Ayuntamiento se encuentra en estos momentos pendiente de hallar una solución a la modificación de la ordenanza de zonas saturadas, que quiso aprobar el pasado mes de julio pero tuvo que retirar por falta de acuerdo en el sector. Urbanismo se ve abocado a cambiar su normativa porque el Gobierno de Aragón ha establecido una nueva clasificación de establecimientos. Está previsto que los bares de música se equiparen con los pubs y que ambos puedan cerrar a las 1.30 de domingo a jueves, y a las 3.30 los fines de semana y las vísperas de festivos. 

Esta propuesta se ha encontrado con una gran oposición vecinal y hasta siete asociaciones, apoyadas por la Federación de Barrios,  han pedido amparo al Justicia y se han mostrado dispuestas a llegar al Constitucional si prospera la modificación de la ordenanza.

«Es urgente adoptar soluciones que mejoren la convivencia y garanticen que se respetan unas normas básicas de sentido común», decía ayer Campillo, al mismo tiempo que reclama al alcalde Belloch que tome cartas en el asunto e inste al presidente del distrito a «acatar la voluntad expresada en el pleno y a realizar las gestiones oportunas para crear cuanto antes una mesa del ruido». El PP apuesta por reforzar el control sobre el cumplimiento de las licencias y de los horarios de los establecimientos, así como por organizar «campañas de sensibilización» para todos sean conscientes de la tortura en que se convierte vivir sobre algunos locales.