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Zaragoza

El juez acuerda el sobreseimiento del caso Apartadero de Plaza

En este caso había diez imputados, entre los que están el exgerente de Plaza o Fernando Gimeno.

Una locomotora, en el apartadero ferroviario de Plaza.
El juez acuerda el sobreseimiento del caso Apartadero de Plaza
Guillermo Mestre

El juez de Instrucción del juzgado número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, ha acordado este miércoles el sobreseimiento provisional del caso Apartadero.

En este caso estaban imputados el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril, además de otros diez miembros del Consejo de Administración entre 2008 y 2009, entre las que se encontraba el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y las concejales Carmen Dueso e Isabel López, así como el secretario general técnico de Educación, Agustín García Inda.

Los otros imputados eran el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Esco, los exconsejeros socialistas del gobierno aragonés Alberto Larraz y María Teresa Verde.

José Luis Abad Martínez, exconsejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad; el empresario Fernando Casasnovas, y José Luis Rodrigo, que era representante de Ibercaja en el consejo.

El magistrado concluye que "no está debidamente justificada la existencia" del presunto delito de prevaricación administrativa que se les imputaba, por lo que acuerda el sobreseimiento, aunque este puede ser todavía recurrido.

El Tribunal de Cuentas ya archivó hace casi un mes el caso por no encontrar perjuicio para las arcas autonómicas en la licitación y posterior adjudicación por procedimiento negociado de las obras del apartadero ferroviario y del movimiento de tierras para la ampliación de Plaza.

En este caso, se habían personado como acusación particular la Comunidad y Plaza, que aportó una serie de correos electrónicos cruzados entre trabajadores para justificar su denuncia de que se había adjudicado por un precio superior al que correspondía, que el juez estima ahora que no se puede inferir esa consecuencia.

La investigación se refería a dos contratos diferentes, uno relativo a un movimiento de tierras de la zona de reserva de futuros crecimientos y otro a la redacción y ejecución de obra del apartadero ferroviario de Plaza, ambos adjudicados mediante acuerdos del Consejo de Administración en los años 2008 y 2009.

El Fiscal consideraba que podía haber habido un delito de prevaricación administrativa, entre otros asuntos, porque no estaba justificado la adjudicación negociada y sin publicidad "al no estar acreditadas circunstancias de extrema urgencia", y que pudo haber un acuerdo previo entre las partes para adjudicar estos contratos.

En su auto, el juez considera que existían motivos para estimar "acreditada la urgencia" de las adjudicaciones, ya que se pusieron de manifiesto los plazos de los contratos, las consecuencias de su incumplimiento tanto de naturaleza económica como social, sin que por parte de Plaza "se haya manifestado en ningún momento que esos contratos no existían".

Además afirma que "no se aprecian indicios de arbitrariedad en la resolución", y, en el caso de que se pudiera mantener que sí, visto cómo se adoptaron las decisiones, "no existe indicio alguno que permita apuntar la presencia del necesario elemento subjetivo: la actuación a sabiendas de la injusticia de la resolución".

Sobre el concierto previo, el juez dice que no existe indicio alguno que apunte esta posibilidad y tampoco de que los informes jurídicos fueran confeccionados "ad hoc" para pretender justificar la modalidad contractual.

El auto da valor jurídico al informe rescatado del archivo informático que remitió Plaza hace unos días, a requerimiento del juez, quien señala que "una vez impreso se trata de un escrito que tiene un contenido jurídico" y que, aunque no tiene firma ni su exacta procedencia, "no hay motivos para dudar sobre el documento".

El juez ha archivado el caso tras prestar declaración los exconsejeros hace dos semanas. En este asunto, el juez también pidió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que se pronunciara sobre tres aforados, el consejero de economía, Francisco Bono, y los parlamentarios autonómicos Alfredo Boné (PAR) y Alfonso Vicente Barba (PSOE), quienes formaban en esos años parte del consejo de administración de Plaza.

El archivo se produce dos días después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza hiciera lo mismo con el denominado Caso Caladero de Plaza, por el que estaban imputados Pilar Valdivia, Pedro Colás, Carlos Esco y Santiago Coello.

Esta es la segunda causa que se archiva de las cuatro piezas judiciales del denominado Caso Plaza, una presunta malversación millonaria en la gestión y desarrollo de la sociedad publica por la que están imputadas más de veinte personas.

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