Los portavoces parlamentarios acordaron ayer dar la máxima transparencia al trabajo realizado desde el pasado junio en la primera reunión deliberativa de la comisión, que se alargó casi dos horas y en la que se repasó todos los antecedentes sin entrar en el fondo. También se cerró el calendario de trabajo, que obliga a todos los grupos a llevar a la siguiente reunión, el 12 de enero, su esquema de conclusiones para su posterior debate entre todos.

El coordinador de la comisión, Antonio Torres, explicó que se han fijado hasta cinco días de deliberaciones en el afán de consensuar un dictamen, que deberá estar cerrado el 2 de febrero con la intención de elevarlo al primer pleno tras el tradicional parón de principios de año. De esta forma, la Cámara aprobará el texto el 12 de febrero, salvo imprevistos.

Los servicios jurídicos de la Cámara facilitaron a la comisión un primer documento de trabajo, que sistematiza toda la documentación aportada hasta el momento, el régimen de garantías de las comparecencias y su calendario, además de recopilar las propuestas ya aportadas por los que declararon en las Cortes para que sirva como punto de partida.

En este sentido, el objetivo de todos los partidos no es solo diagnosticar qué paso en Plaza para que se dieran una retahíla de presuntas irregularidades y quiénes fueron los responsables, sino pactar una serie de conclusiones acompañadas de recomendaciones para que, en la medida de lo posible, no se repitan estas mismas situaciones.