El Tribunal de Cuentas archiva el caso Apartadero al no perjudicar al erario

El Tribunal de Cuentas ha archivado el caso Apartadero al no apreciar ningún perjuicio a las arcas autonómicas en la licitación y posterior adjudicación por procedimiento negociado de las obras del apartadero ferroviario y del movimiento de tierras para la ampliación de Plaza. Su decisión implica el cierre de los casos surgidos a raíz de la fiscalización de las cuentas de la DGA y de sus empresas en el periodo 2008-2009, aunque tanto el caso Apartadero como el que afecta al desfase en las obras de la planta de Caladero en la plataforma logística se mantienen vivos en los tribunales.

En esta causa están imputados diez consejeros que adjudicaron las obras (entre ellos, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y las ediles Carmen Dueso e Isabel López) y que están citados a declarar ante el juez dentro de dos semanas. Otros tres exvocales del consejo de administración que son aforados se han personado: el consejero de Economía, Francisco Bono, el vicepresidente del PAR y portavoz parlamentario, Alfredo Boné, y el secretario segundo de las Cortes, el diputado socialista Alfonso Vicente.

El órgano fiscalizador puso varios reparos a la contratación por procedimiento negociado de las obras del apartadero ferroviario y de la ampliación de Plaza por entender que no estaban ni justificadas ni acreditadas documentalmente las circunstancias de extrema urgencia que se invocaron. Además, recriminó que no se aportaran los contratos, las memorias de los proyectos o los informes de valoración de las ofertas presentadas.

Toda esta información requerida no fue facilitada a tiempo por el Gobierno de Rudi hace dos años para la elaboración del informe de fiscalización, lo que provocó el rosario de observaciones, la posterior intervención de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y, finalmente, su remisión a principios de 2013 a la Fiscalía Provincial de Zaragoza al considerar que había indicios de delito penal. Así ocurrió con las obras de Caladero, del apartadero ferroviario y la ampliación de Plaza, que se acabaron fundiendo en dos causas en los tribunales el verano pasado.

Los argumentos del Tribunal de Cuentas fueron rebatidos por el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, quien también incluyó toda la documentación requerida, tal y como se recoge en su escrito de alegaciones redactado "dentro del plazo conferido, en tiempo y forma legales". Sin embargo, todos los escritos de las empresas públicas no se enviaron en su momento a Madrid, pese a que la Corporación sí se las comunicó por vía electrónica a Intervención de la DGA. En el caso de Caladero, se facilitaron meses después al órgano fiscalizador, en marzo de 2013, aunque para entonces ya estaba en marcha la causa penal.La DGA se niega a dar información

Del caso Apartadero, el Gobierno de Rudi se ha negado a dar la más mínima información a este diario sobre los trámites seguidos y que han desembocado en el archivo al considerarse finalmente que no hubo perjuicio a las arcas públicas y, por tanto, carecía de "responsabilidad contable por alcance". Pese a que se solicitó la información de forma reiterada durante una semana, desde el Pignatelli no se admitió siquiera que estuviera archivado.

Las alegaciones de Plaza rebatían punto por punto las aseveraciones del Tribunal de Cuentas desde 2012. La más importante de ellas, la de la falta de justificación de la extrema urgencia que llevó a la licitación de las obras por procedimiento negociado: "Debe señalarse que sí existe informe justificativo de la extrema urgencia para contratar las obras del movimiento de tierras".

Para ello, aportó el escrito que preparó el director de obra, el ingeniero de Intecsa-Inarsa Nico Groeneveld, que en dos folios explicaba que una "licitación normal" resultaría "imposible" acabar la explanación a tiempo para cumplir el compromiso de entrega de la parcela a Decathlon para poder levantar su macroalmacén logístico en los plazos convenidos.

Dicho acuerdo se estaba negociando en esos momentos, en el verano de 2009, con la multinacional francesa y Codesport, el grupo constructor de Agapito Iglesias que adquirió el suelo y luego levantó las dos naves gigantescas para arrendarlas a Decathlon.

El informe de Nico Groeneveld fue requerido por el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, que también está imputado en este caso. En su declaración ante el juez del pasado mes de abril, denunció que el consejo de administración de Plaza dispuso de información para decidir las adjudicaciones de las obras que no había aportado. Las actas de los consejos en los que se sustanciaron los contratos han sido requerido ahora por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.

En sus alegaciones, el gerente de Plaza rebatió que hiciera falta detallar en las memorias de los proyectos los objetos de las obras, los antecedentes, las necesidades y la justificación de las soluciones. Aunque adjuntó la memoria del apartadero, dejó bien claro que la Ley de Contratos del Sector Público no era aplicable a Plaza por no ser una administración pública "sino poder adjudicador". El mismo argumento esgrimió al hecho de que no existiera un informe de supervisión de los proyectos de las obras, una resolución de un órgano de contratación y la publicación de las adjudicaciones en diarios oficiales, para lo que citó distintos artículos de la citada normativa.

Jesús Andreu también aportó el acta de replanteo y el informe de valoración de ofertas, firmado por el ex director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, cuya ausencia censuró igualmente el Tribunal de Cuentas.