La oposición exige volver a las sociedades tras el dictamen del Consejo de Estado

La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza pidió ayer, en bloque, que el gobierno de ZEC dé marcha atrás en su ‘golpe’ a las sociedades municipales, después de conocer el dictamen que acaba de emitir el Consejo de Estado. Como publicó ayer HERALDO, el principal órgano consultivo de España ha considerado que hay «fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad» contra un artículo de la ley de capitalidad que firmaron el Gobierno de Aragón y el Consistorio de la capital aragonesa.

Se trata del texto en el que se basó el alcalde, Pedro Santisteve, para expulsar a varios de los concejales de la oposición de las sociedades municipales, donde hasta entonces existía la misma mayoría que hay en el pleno. Ahora es el gobierno quien tiene todo el poder, una situación que ha abierto una profunda crisis política en la Casa Consistorial.

La oposición ya ha pedido a ZEC en múltiples ocasiones que dé marcha atrás, pero ahora considera que hay un contundente argumento más. El gobierno municipal, por su parte, ayer no abrió la puerta a devolver las sociedades a su estado anterior, e instó al presidente de Aragón, Javier Lambán, a defender la ley de capitalidad «hasta sus últimas consecuencias».

El portavoz del PP, Jorge Azcón, dirigió sus mensajes al alcalde Santisteve, al presidente de Aragón, Javier Lambán, y al de España, Pedro Sánchez. «El dictamen deja en mal lugar a Santisteve y a Lambán, que fueron los que firmaron la ley de capitalidad. Más tarde se les avisó de que era inconstitucional y no hicieron nada», dijo Azcón.

El líder conservador apuntó que Santisteve debe «rectificar» hoy mismo su ‘golpe’ a las sociedades y que, de lo contrario, «Pedro Sánchez tiene que recurrir la ley de capitalidad». Aunque el informe no es vinculante, ahora el gobierno central tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de capitalidad o, al menos, este artículo en cuestión, así como pedir su suspensión cautelar.

«Debe hacerlo sí o sí, de lo contrario dejará en muy mal lugar al PSOE de Zaragoza y de Aragón», añadió Azcón, ya que en ese caso los socialistas «tendrían la culpa de que la democracia no vuelva al Ayuntamiento de Zaragoza», en referencia al retorno de la oposición a las sociedades.

El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, prefirió no pronunciarse sobre si el gobierno central debe recurrir hasta leer el dictamen. Eso sí, aventuró que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez «asumirá lo que le diga el Consejo de Estado». No obstante, señaló que el mayor problema se da no tanto en la ley de capitalidad como «en la interpretación» que de ella ha hecho ZEC. Por último, añadió que actualmente se da «la situación ideal para que ZEC dé marcha atrás y vuelva la normalidad a las sociedades».

Sara Fernández (C’s) opinó que tras este dictamen «se da todo para volver» a los entes públicos, y pidió a ZEC que rectifique «antes de que el gobierno central presente el recurso». «Parece que hay material suficiente para que lo haga, debería actuar porque es una obligación legal, y luego que decida el Tribunal Constitucional», dijo Fernández.

Por su parte, Carmelo Asensio (CHA) dijo que el Consejo de Estado «da la razón a los grupos de la oposición en que el 9F (la expulsión de los grupos de las sociedades) no tenía sustento jurídico ni político». «No se puede pasar por encima de las competencias del pleno», argumentó. Además, el portavoz nacionalista añadió que ZEC «debería rectificar» para evitar «el bochorno» que supondría «que un recurso de Madrid deje sin efecto las resoluciones del Ayuntamiento».

Rivarés pide una reunión

Pese a esta unánime petición, ZEC no se mostró ayer dispuesto a rectificar. El portavoz del gobierno, Fernando Rivarés, solicitó a Lambán que «defienda la ley de capitalidad hasta sus últimas consecuencias», que pida «una reunión en Moncloa» para hablar del asunto y otra, previamente, con Podemos, IU y el Ayuntamiento de Zaragoza, con quienes firmó la ley. Además, Rivarés recordó que cuando se aprobó la ley «nadie cuestionó la redacción de ningún artículo», y que las competencias de la ciudad «venían perfectamente definidas».