Los mapas convencionales hacen coincidir la frontera entre los términos municipales de Albarracín y Cuenca -y por tanto también la de Aragón y Castilla La Mancha- con el curso del río Tajo, pero esta división oficial nunca ha estado clara o, como ha desvelado este miércoles el Instituto Geográfico Nacional (IGN), siempre ha tenido un carácter “provisional”.

Según el IGN, desde hace siglos, la linde entre los Ayuntamientos de Albarracín y Cuenca ha variado dependiendo de la documentación consultada y ninguna de las opciones ha contado nunca con respaldo jurídico. De acuerdo a algunos documentos, los confines de Cuenca llegaban hasta el Tajo, pero otros cartografiados y planeamientos urbanísticos llevaban la separación entre las dos localidades a la divisoria de aguas del monte El Entredicho, lo que supone asignar a localidad turolense una ladera de esta montaña de 1.700 hectáreas dotada de gran riqueza forestal y micológica así como de un enorme valor paisajístico.

Para aclarar de una vez por todas la cuestión, representantes de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas implicados solicitaron en abril de 2022 la mediación del Instituto Geográfico Nacional, un organismo estatal que hace escasos días emitió un informe proponiendo que la ladera de El Entredicho se considere territorio aragonés, y ello porque Albarracín, propietario del terreno, ha podido demostrar que ha venido ejerciendo sobre ella la jurisdicción o gestión territorial, una actuación que no ha recibido contestación por parte del municipio de Cuenca.

El procedimiento sobre la frontera entre Albarracín y Cuenca sigue abierto

El procedimiento para resolver dónde está la frontera entre Albarracín y Cuenca sigue abierto, destacan desde el Registro Central de Cartografía del IGN, y todavía faltan muchos pasos por dar antes de que haya un pronunciamiento oficial firme e irrevocable.

El alcalde de Cuenca, el socialista Darío Dolz, ya ha anunciado que presentará alegaciones a la propuesta del IGN que da la razón a Albarracín en su pretensión de anexionarse legalmente las 1.700 hectáreas de monte, una superficie que equivale a 3.400 campos de fútbol.

Además, el órgano instructor que encargó el informe técnico del IGN, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, ha solicitado también un dictamen, esta vez de carácter jurídico, al Consejo de Estado.

Con los dos documentos en la mano, dicha Dirección General emitirá una resolución administrativa que, en caso de desacuerdo, podrá ser recurrida por las partes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El proceso judicial puede tener un largo recorrido si llega hasta la Audiencia Nacional o incluso el Tribunal Supremo.

Las discrepancias entre municipios por sus fronteras no son extrañas en España, pero la que ha surgido entre Albarracín y Cuenca está teniendo mayor repercusión porque atañe a dos comunidades autónomas, si bien no es el primer caso de estas características que llega al IGN.