El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha comprometido este miércoles a apoyar las reclamaciones de los abogados para que sus cotizaciones a una mutualidad se trasladen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para conseguir unas pensiones de jubilación dignas. Los letrados, organizados en la Plataforma J2, denuncian que el sistema de pensiones a partir de las mutuas les condena a unos ingresos mínimos que, en ocasiones, rondan los 400 euros mensuales y reclaman depender a estos efectos de la Seguridad Social.

Nolasco ha mostrado todo su apoyo a las demandas de los abogados y procuradores y ha anunciado que su grupo parlamentario, el de Vox, promoverá una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para instar al Gobierno central a que las aportaciones que los letrados han realizado a una mutua para recibir la pensión de jubilación se trasladen al RETA. 

El vicepresidente, turolense y abogado de profesión, ha afirmado que el Ejecutivo de Madrid “maltrata sistemáticamente a los abogados y procuradores” con agravios como el de las pensiones. Ha adelantado también que el Gobierno aragonés llevará a cabo un incremento de los honorarios que reciben los abogados y procuradores por el turno de oficio.

El portavoz de la Plataforma J2, Joaquín Galindo, ha explicado que otros colectivos, como cooperantes, religiosos y notarios, han pasado de cotizar en mutuas al RETA y reclama el mismo proceso para los abogados. Galindo ha demandado más implicación de los letrados de la provincia de Zaragoza, que por su elevado número, deberían liderar esta reivindicación, que, por el contrario, ha quedado en manos de la abogacía turolense, convertida en "punta de lanza" de las demandas profesionales.

Joaquín Galindo ha apelado también a los decanos de los colegios de abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel para que se sumen a la reivindicación del RETA para los colegiados o de lo contrario los letrados “se sentirán defraudados”. Galindo ha explicado que la precariedad de las pensiones generadas a través de mutualidades afecta a 2.000 profesionales de la abogacía en Aragón, la mayoría de ellos en la provincia de Zaragoza.