historia
Batallones de trabajadores, la mano de obra semiesclava que reconstruyó Teruel
Un libro de Serafín Aldecoa rescata la peripecia de los soldados republicanos presos que levantaron pueblos y ciudades arrasados en la Guerra Civil.
Es como si a los miles de trabajadores penados que contribuyeron decisivamente a la reconstrucción de Teruel y otras localidades de la provincia tras la devastación sufrida durante la Guerra Civil "se los hubiera llevado el viento", se lamenta el historiador Serafín Aldecoa en su reciente libro ‘Los batallones de trabajadores’, que acaba de publicar el Instituto de Estudios Turolenses (IET). La publicación, que es el número 30 de la serie Cartillas Turolenses, refleja la desconocida peripecia vivida por entre 1.000 y 2.000 presos republicanos que, en condiciones extremas, acometieron "en régimen de semiesclavitud" la ingente labor de desescombrar pueblos y ciudades reducidos a escombros para levantar edificios y nuevos equipamientos.
Los batallones de trabajadores estaban integrados, fundamentalmente, por militares del bando que había perdido la Guerra Civil y que cumplían condena haciendo trabajos forzados. Su labor fue colosal porque, por ejemplo, un tercio de los edificios de Teruel quedó reducido a escombros y otro tercio sufrió daños graves tras la batalla disputada por el control de la ciudad en el invierno de 1937-1938, el casco urbano de Torrevelilla quedó destruido en un 75%, el de Celadas por encima del 50% y los destrozos generalizados se extendieron por Griegos, Híjar, Rudilla, El Campillo y Sarrión, entre otras poblaciones. El trabajo no se limitó a la reconstrucción urbana. En la cuenca minera central, estos reclusos se encargaron de reparar las minas de Utrillas y Palomar de Arroyos para ponerlas en funcionamiento a toda prisa ante la acuciante necesidad de carbón del país. En Valmuel, participaron en la construcción de los regadíos y en el Bajo Aragón se encargaron de terminar el ferrocarril de Val de Zafán.
Los integrantes de los batallones recibían una mínima remuneración que, en el caso de los peones, se limitaba a 0,5 pesetas para gastos personales, y redimían sus condenas a razón de un día perdonado a cambio de uno de trabajo. Pero lo peor eran las pésimas condiciones de alojamiento y de manutención a las que este personal era sometido. En Teruel, fueron instalados en la cárcel de Capuchinos, un convento ruinoso situado a las afueras de la ciudad que fue reparado por los propios penados, pero en otras localidades la Administración recurrió a pajares o corrales.
La prisión de Capuchinos fue escenario de una espectacular evasión el 18 de enero de 1942. Trece reclusos se organizaron para apoderarse de las armas de los vigilantes y, tras amenazarlos, consiguieron huir a media tarde, aunque en la mayoría de los casos por poco tiempo. De los 13 participantes en ‘la gran evasión’ de la historia penitenciaria turolense, tres perecieron en el intento; otros cinco, detenidos durante su intento de alcanzar la libertad, fueron fusilados en el patio de la prisión al día siguiente; y, finalmente, cinco –tres de ellos turolenses– lograron su objetivo.
En Griegos, el Gobierno preveía construir un campamento para 200 trabajadores pero, según Serafín Aldecoa, el hospedaje «nunca se llevó a cabo». Uno de los trabajadores destinados a la reconstrucción de esa localidad, Jerónimo Barquero, de la vecina Bronchales, le contó a su hijo que tuvo que dormir y alojarse "en un corral, con las ratas y los gatos".
El hijo de Barquero relata que el lugar donde dormía su progenitor –condenado por haber sido cabo del ejército republicano– estaba infestado de chinches y además "le tocó pasar mucho frío". "Como solo tenían una muda para ponerse –relata el descendiente del represaliado–, cuando lavaban la ropa tenían que permanecer desnudos hasta que se secara". La escasez de comida era otra tortura. "Les daban un guiso de garbanzos donde solo había caldo y alguna legumbre suelta. Por suerte, tenía familiares en Griegos y le daban algunas patatas. Cuando las pelaba, un compañero se comía las mondas", relata el hijo del penado.
La procedencia de los integrantes de los batallones de trabajadores –también podían realizar su trabajo forzado dentro de destacamentos penales– podía ser la misma provincia, como en el caso de Jerónimo Barquero. Según los documentos manejados por Serafín Aldecoa, al terminar la Guerra Civil, en marzo de 1939, había ya 461 turolenses enrolados en estos organismos penitenciarios. La localidad que más hombres había aportado en esa fecha era Valderrobres, con 47, seguida de Torrevelilla y Albalate del Arzobispo, con 35 cada una.
También llegaron contingentes significativos del campo de concentración franquista de Miranda de Ebro (Burgos) y el destacamento destinado a las minas de Utrillas y Palomar se nutrió de profesionales de este sector procedentes de Almería, Murcia, Córdoba y Palencia.
Para la intervención de los batallones de trabajadores en la reconstrucción de una localidad, era imprescindible la "adopción" del municipio por el Gobierno. Para lograrlo, el grado de destrucción del casco urbano debía superar el 75%. La mano de obra se ponía a disposición de la Dirección General de Regiones Devastadas, que, en el caso de Teruel, ya ocupaba a 245 presos a principios de los años cuarenta. La gran mayoría de los reclutados eran peones, aunque también había albañiles, electricistas, fontaneros, herreros y carpinteros, todos ellos oficios vinculados a la labor de desescombro y reconstrucción encomendada. Su labor, y su calvario, se prolongó hasta finales de los años cuarenta.
