Un vecino de Teruel queda eximido de devolver los 11.728.805 euros que adeudaba a entidades financieras tras un reciente auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil de la capital turolense en aplicación de la denominada Ley de la Segunda Oportunidad, que permite, en determinadas condiciones, la cancelación o reestructuración de deudas inasumibles por la persona endeudada, que tiene así la oportunidad de empezar de cero.

El gabinete de abogados Casillas Estudio Jurídico, con sede central en Valencia, representó al particular de Teruel que ha conseguido liberarse de una deuda que supera los 11 millones de euros, lo que supone la segunda cantidad más grande condonada en España en aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Una fuente cercana al caso indica que el beneficiado por la condonación había contraído la deuda bancaria como avalista de negocios empresariales llevados a cabo por terceros y que fracasaron. La misma fuente aclaró que la persona que ha quedado liberada de la deuda, residente en la ciudad de Teruel, no intervino directamente en los proyectos empresariales y se limitó a aportar avales.

Desde el gabinete de abogados recuerdan que la reforma de la Ley Concursal de 2022, la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, pretende que "cualquier persona pueda rehacer su vida económica dejando atrás las deudas generadas en su ámbito particular".

El turolense se dirigió al Juzgado de lo mercantil en busca del perdón de su deuda. El tribunal –el Juzgado de Instrucción número 1 ejerce las funciones de Mercantil en Teruel– inició el procedimiento el 30 de octubre de 2023 con la apertura de un concurso de acreedores y el pasado 21 de diciembre emitió el auto que exonera de los 11,7 millones de euros.

Casillas Estudio Jurídico especifica que el auto de condonación es "firme y sin posibilidad de apelación". Una fuente financiera de Teruel admitió ayer haber quedado "descolocada" por el insólito importe de la exoneración.

La aplicación de la segunda oportunidad no es automática en todos los casos en los que el endeudado no tiene posibilidades de afrontar los pagos de su deuda. Tiene que quedar demostrado que actuó de buena fe al endeudarse y debe aportar la documentación que precisa el origen de la deuda.

Además debe demostrar que ha intentado cumplir con sus obligaciones con los acreedores sin resultado. Debe estar libre de infracciones tributarias graves y de condenas por delitos económicos o contra los derechos de los trabajadores. Para acogerse a la segunda oportunidad, es necesario que las deudas acumuladas corresponden a, al menos, dos acreedores, entre los que puede haber también administraciones.