La actualización del urbanismo de Teruel acumula 25 años de trámites y sigue sin fecha de aprobación

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel acumula 25 años de trámites desde que, en 1998, se aprobó el texto refundido del planteamiento vigente, primer paso para afrontar la renovación urbanística que planifique la ciudad de los próximos 20 años. El PGOU vigente se remonta a 1985 y va camino de los 40, después de dos intentos fallidos de actualización y tras haberse estancado hace tres años en el documento de "avance".

Partidos de todos los colores han pasado por el Ayuntamiento –la alcaldía y el urbanismo han sido ostentados por PP, PSOE y PAR– con el objetivo de poner al día el planeamiento urbanístico de la ciudad sin que se haya pasado de la fase de aprobación inicial, que se alcanzó en 2009, pero fue revocada.

La demora complica la vida de los arquitectos y de los promotores inmobiliarios porque, desde 1985, se han aprobado cerca de 200 modificaciones puntuales del PGOU que deben tenerse en cuenta a la hora de edificar, pero que constituyen una documentación dispersa, copiosa y que no está digitalizada. Además, como explica la presidenta del Colegio de Arquitectos en Teruel, María Castel, el encaje de algunas normas urbanísticas derivadas del documento de 1985 –o de sus múltiples modificaciones– con la normativa urbanística actual "no está claro" ni para los propios profesionales del sector.

Tras los fallidos intentos de revisión con el arquitecto Carlos Ferrán y con el prestigioso gabinete Idom, con un coste de más de medio millón de euros, el Ayuntamiento decidió asumir directamente el proceso y creó una oficina destinada específicamente a esta labor en 2018. Este equipo multidisciplinar sacó adelante el avance de la revisión, que, a principios de 2021, había recibido 182 sugerencias de colectivos y particulares. Tres años después, la aprobación inicial del PGOU sigue sin llegar.

El concejal delegado de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, asegura que la aprobación inicial del nuevo planeamiento urbanístico llegará en el primer trimestre de 2024. Tras la aprobación inicial, se abrirá un plazo de alegaciones y se pasará a la aprobación provisional para, finalmente, recabar el visto bueno definitivo del Consejo de Urbanismo de Aragón, lo que podría llegar a los dos años de la aprobación inicial. En cualquier caso, Cruzado está convencido de que Teruel tendrá un nuevo PGOU con la actual corporación.

A la dispersión de la documentación derivada del PGOU de 1985 y a la complejidad de su manejo, el concejal añade un inconveniente más por no contar con un planeamiento actualizado. Señala que frente a las ciudad dispersa y longitudinal que contempla el PGOU vigente, las tendencias actuales se orientan hacia un casco urbano "compacto" porque ahorra costes en la prestación de servicios.

Entre los motivos de la insólita tardanza, la presidenta del Colegio de Arquitectos apunta a los cambios políticos en el Ayuntamiento y a las novedades legislativas en materia de urbanismo. María Castel aclara que, a pesar de su reducido tamaño, la tramitación del nuevo PGOU es "igual de compleja que en una gran ciudad".

No cree que en Teruel haya ningún problema "particular" que esté frenando la revisión. Admite que la edificación ilegal en la periferia urbana está "más extendida" que en otras ciudades, pero no es un problema exclusivo. La arquitecta se lamenta de que, al carecer de un PGOU actualizado, "cualquier trámite y consulta urbanística" se complica. Afirma que los arquitectos son los "primeros interesados en que el nuevo PGOU se apruebe cuanto antes".

Juan Carlos Cruzado apunta, entre las causas de los dos intentos fallidos, a que tanto Carlos Ferrán como Idom hicieron un trabajo "de despacho" sin tener un conocimiento de primera mano de la ciudad.

Respecto al documento de 1985, señala que, debido a los avances tecnológicos, no resulta apropiado para la gestión actual. Su permanencia "dificulta" –admite– la actividad inmobiliaria. Aunque no genera problemas por falta de suelo, porque prevé suelo urbano y urbanizable para un máximo de 66.292 habitantes, el doble de los que viven en la ciudad. 

El concejal opinó que, quizás, sea la última revisión general del PGOU de Teruel, que, a partir de ahora, podría planificar su desarrollo con modificaciones puntuales.