Los vecinos de la finca que ocupaba el número 21 de la calle San Francisco de Teruel, que se hundió el pasado 13 de junio destruyendo sus 21 viviendas, podrán realizar las tres catas que reclaman para conocer la estructura del terreno, aunque estos trabajos no comportarán la paralización de las labores de desescombro y de construcción de un muro pantalla previsto para garantizar la estabilidad de la zona.

La alcaldesa, Emma Buj, ha afirmado este martes que los técnicos del Ayuntamiento y también la dirección de las obras de desescombro estudian la solicitud presentada por los damnificados por el derrumbamiento para planificar la realización de los sondeos "en paralelo" a la continuación de las obras de retirada de los cascotes, que, según Buj, persiguen como criterio básico "la seguridad".

Buj ha reiterado que el Ayuntamiento "siempre" ha estado dispuesto a permitir a los técnicos de los vecinos acceder a la zona de desescombro para hacer los sondeos y pruebas necesarios para determinar las causas del hundimiento repentino del bloque de cinco plantas, que no causó, afortunadamente, daños personales.

Los vecinos recurrieron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel para que paralizara la operación de desescombro y de construcción de un muro de contención en la calle de San Francisco hasta que se permitiera a sus técnicos investigar sobre el terreno por qué se desplomó el edificio. La apelación a los tribunales comportó la paralización de la retirada de los cascotes, pero la alegación presentada por el Ayuntamiento consiguió levantar la orden de suspender los trabajos.

Tras recibir el visto bueno judicial, las obras de desescombró se han reanudado este martes. La alcaldesa explica que el Ayuntamiento deberá planificar la realización de las catas en la calle porque su ejecución es una operación "compleja" que incluye el uso de maquinaria pesada. Asegura, no obstante, que la ejecución de las perforaciones será compatible con la construcción del muro de contención por micropilotaje para asegurar la solidez de la calle y de los edificios del entorno antes de culminar la limpieza del solar.

Los objetos personales y enseres procedentes del solar que puedan ser de interés para los vecinos se trasladan a una nave municipal del polígono La Paz para que puedan ser retirados por los propietarios. Por otro lado, las joyas y dinero en efectivo recuperados de entre las ruinas han sido entregados a la Policía Local, que, tras su documentación, los devuelve a sus propietarios.

Tragsa reformará la Cuesta de los Gitanos

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado la finalización de las obras de reparación del Puente de la Equivocación, con un coste de medio millón de euros, para finales del próximo mes de marzo. Emma Buj afirma que los trabajos, ejecutados por la empresa pública Tragsa, se han complicado por el deterioro del paso sobre el río Turia. Reconoce que el cierre al tráfico de este puente complica los accesos a la ciudad y la comunicación entre esta y el polígono La Paz, Platea y algunos barrios.

Buj adelanta que la próxima mejora en los accesos a Teruel –la adecuación de la Cuesta de los Gitanos con una inversión de 694.000 euros– correrá a cargo de Tragsa también. El Ayuntamiento aprobará en el pleno ordinario del próximo febrero un convenio con la DPT, administración con capacidad para encargar la ejecución de obras a la empresa pública. La alcaldesa considera que esta fórmula de ejecución garantiza la correcta finalización del proyecto, vital para mejorar las comunicaciones del barrio del Ensanche.