La alcaldesa de Teruel fija para octubre el desescombro de la casa que colapsó, mientras los vecinos reclaman “más información”

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha fijado para el próximo mes de octubre el comienzo del desescombro de las 6.400 toneladas de cascotes a que quedó reducido el edificio número 21 de la calle San Francisco de esta ciudad al hundirse el pasado 13 de junio. Aunque el Ayuntamiento barajaba iniciar los trabajos este septiembre, la regidora admitió este lunes que, estando ya en las fechas actuales, resulta "complicada" dicha posibilidad, si bien aseguró que el mes que viene "sí" que empezarán las labores.

Ya ha sido elaborado un proyecto de desescombro por una empresa especializada en la investigación de siniestros en la construcción, Intemac, y el documento ha sido enviado a tres compañías con capacidad para ejecutar los trabajos, a los efectos de que estas remitan al Consistorio sus respectivas ofertas. Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no ha seleccionado a una de ellas para que retire los cascotes y permita a las 21 familias que se quedaron sin casa recuperar al menos algunos enseres y recuerdos personales.

Mientras tanto, los vecinos afectados por el derrumbe han mostrado su desacuerdo con el procedimiento administrativo que el Ayuntamiento ha iniciado para llevar a cabo el desescombro y que comenzó el pasado 7 de septiembre notificando a cada uno de los 21 propietarios su obligación de limpiar las ruinas. En la misma carta se advertía de que, si no desescombran los dueños de las viviendas, lo hará el Ayuntamiento, pero repercutiendo a los propietarios los importes que procedan.

El portavoz de los vecinos afectados, Javier Carbó, explicó que los damnificados han presentado conjuntamente alegaciones a la orden municipal que les requiere para desescombrar el edificio, una actuación valorada en 1,1 millones de euros más IVA, según el proyecto de Intemac. Todos ellos sostienen que la actual normativa no es aplicable a lo ocurrido en la calle San Francisco porque "no se trató de un derrumbe sin más sino de un desgraciado suceso que nos dejó a todos sin hogar y sin recursos". "Es un caso especial", remarcó Carbó.

Los vecinos reclaman, además, "más información, transparencia y claridad en todas las acciones que se están realizando". Carbó aclaró que los afectados quieren conocer los resultados de los sondeos sobre el terreno que llevó a cabo Intemac así como las conclusiones de las pruebas que la empresa mixta Sastesa, que se ocupa del servicio de aguas y saneamiento de Teruel, realizó en la zona poco después del colapso.

"Si no se actúa con claridad y en coordinación con todas las partes, los vecinos corremos el riesgo de firmar nuestra sentencia de muerte, pues se pueden eliminar pruebas que determinen las causas verdaderas del siniestro y, al final, tener que pagar nosotros el desescombro", dijo Carbó. 

El portavoz de los vecinos agregó que este colectivo "nunca ha escondido que en el edificio había filtraciones de aguas fecales y que estamos convencidos de que el hundimiento se debió a una razón externa y no a una falta de mantenimiento del inmueble por nuestra parte".