Sin proyecto para retirar los escombros del edificio de Teruel al cumplirse un mes del derrumbe

Cuando se cumple un mes del derrumbe de un edificio en la calle San Francisco de Teruel que convirtió en escombros 21 viviendas y causó graves daños en otras 18 colindantes, el Ayuntamiento de Teruel aún no tiene sobre la mesa un proyecto para retirar la montaña de cascotes a la que quedó reducido en unos instantes el inmueble, de cinco plantas.

La empresa Intemac, especializada en la investigación de siniestros en la construcción y contratada por el Consorcio de Seguros, ha realizado ya algunos sondeos en el subsuelo, pero, según afirmó este miércoles la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, todavía no ha presentado su propuesta para desescombrar el solar. Entre otros fines, la medida persigue arrojar luz sobre las causas del hundimiento y permitir a las familias afectadas recuperar el mayor número posible de enseres y objetos personales.

El concejal de Infraestructuras de Teruel, Juan Carlos Cruzado, adelantó que, a la espera de conocer el plan de desescombro sugerido por Intemac, el Consistorio ha contactado ya con empresas cualificadas para realizar los trabajos, que podrían llevarse a cabo el próximo mes de agosto utilizando grúas con pinza que extraerán "con cuidado" los restos. La intervención se desarrollará por la calle San Francisco y por el Camino de la Estación, las dos vías urbanas entre las que se levantaba el edificio.

Cruzado explicó que todo el material se cargará en un camión y se llevará, casi con toda seguridad, a la campa vallada que la empresa de áridos Emipesa tiene en los alrededores de Teruel, al ser esta la única compañía con autorización para gestionar escombros en el sur de la provincia turolense.

Una vez allí, Emipesa separará los cascotes de los objetos propiedad de los inquilinos y estos podrán pasar, de uno en uno o todos juntos –este extremo está por decidir–, para recuperar sus enseres.

Inquietud

El portavoz de las familias afectadas, Javier Carbó, expresó la "inquietud" que todas ellas sienten desde que el pasado 13 de junio se derrumbara el edificio en el que vivían. Destacó que, si bien las 16 familias que perdieron su casa y las 18 cuyas viviendas quedaron dañadas han sido ya realojadas, la preocupación se centra ahora en qué pasará al término de los seis meses que dura el convenio del Ayuntamiento de Teruel para la financiación de la reubicación de los afectados, cerca de un centenar de personas.

"En enero de 2024 seguiremos necesitando una casa, porque el edificio que se hundió seguirá derruido y no se habrá podido construir allí; por eso pedimos que se prorrogue el acuerdo municipal que nos ayuda a tener una vivienda", reclama Carbó.

Además, los afectados exigen que el desescombro se lleve a cabo "con garantías y lo antes posible". "No podemos permitirnos el lujo de que desaparezcan piezas que son clave para averiguar las causas del derrumbe", afirmó Javier Carbó. También temen que una hipotética retirada de cascotes llevada a cabo con desatención suponga la pérdida irremediable de recuerdos y objetos personales que están allí sepultados.