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Los empresarios de Teruel quieren reunirse con Pedro Sánchez para pedirle ayudas más cuantiosas

Consideran insuficiente el descuento en las cuotas de la Seguridad Social planteado por el Gobierno Central para acabar con la despoblación

De izquierda a derecha, Ángel Mayordomo, secretario general de CEOE Cepyme Soria; Mª Ángeles Fernández, directora general de Foes; David Peña, presidente de CEOE Cepyme Cuenca; y Juan Ciércoles, presidente CEOE Cepyme Teruel.
De izquierda a derecha, Ángel Mayordomo, secretario general de CEOE Cepyme Soria; Mª Ángeles Fernández, directora general de Foes; David Peña, presidente de CEOE Cepyme Cuenca; y Juan Ciércoles, presidente CEOE Cepyme Teruel.
M. A. M.

Las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca, que forman parte de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa -SSPA por sus siglas en inglés-, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que califican de “insuficientes” las ayudas al pago de la Seguridad Social aprobadas por el Estado de acuerdo a directrices europeas. Las patronales de las tres provincias subrayan en la misiva que las cuantías contempladas difícilmente servirán para atraer empresas y acabar con el desierto demográfico de estos territorios.

En el escrito, remitido también a varios miembros de su gabinete, los empresarios solicitan mantener una reunión con representantes de la Administración del Estado para poner sobre la mesa la necesidad de “mejorar la intensidad y el alcance” de estas bonificaciones, muy alejadas del umbral marcado por la Comisión Europea.

Mientras la Unión Europea permite deducir hasta un 20% de todos los costes laborales, el Gobierno español plantea descuentos solo en las cotizaciones por contingencias comunes de un 5% en los contratos indefinidos instalados en todas las empresas, el 15% en nuevos contratos indefinidos y se eleva al 20% si la contratación es en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Los empresarios de Teruel, Soria y Cuenca trasladan a Pedro Sánchez una serie de demandas que, de ser atendidas, harían, a su juicio, más efectivas las ayudas. Explican que estas bonificaciones deben ser consideradas “como parte de un proyecto país” pues contribuirán a la cohesión territorial de España y pueden atraer a industrias que, tras la pandemia de covid, están retornando a Europa procedentes de Asia.

Las patronales de las tres provincias piden equiparar las empresas ya instaladas en el territorio con las de nueva creación, para afianzar el empleo e incrementarlo. Solicitan también que no haya diferencias en los municipios por el número de habitantes, pues queda patente que aquellos de menos de mil habitantes que cuentan con suelo industrial son solo 48 de los 657 que hay en total en las tres provincias. Añaden que los polígonos ubicados en pequeños núcleos rurales carecen de servicios esenciales para la implantación de negocios, como fibra óptica o gas.

Los empresarios valoran positivamente que, tras las críticas generadas, el Gobierno haya incluido a los autónomos en las ayudas al funcionamiento, pero reclaman que la tarifa plana tenga carácter indefinido, hasta que las provincias alcancen los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y no sea solo para los tres primeros años.

“No olvidemos que la actividad económica en el medio rural la mantienen los autónomos”, ha resaltado este jueves el presidente de CEOE Cepyme en Teruel, Juan Ciércoles. La cifra total de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca asciende a 39.173, mientras que el número de empresas activas es de 28.103.

Junto a Ciércoles, han presentado el escrito remitido a Sánchez el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (Foes), Santiago Aparicio, quien ha participado en la rueda de prensa por videoconferencia, y el presidente de CEOE Cepyme de Cuenca, David Peña.

La red SSPA ha explicado que quiere “seguir trabajando” de manera conjunta con el Ejecutivo central “en la mejor forma de aplicación de estas medidas”. Según han manifestado los representantes de esta organización, la diferencia entre las ayudas aprobadas por el Gobierno y las que contempla la Comisión Europea no es baladí, pues el ahorro anual para los empresarios de las tres provincias pasaría de 25 millones de euros a más de 200.

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