Teruel
El derrumbe del cerro Pui Pinos de Alcañiz fue responsabilidad del Ayuntamiento en un 80%
El TSJA eleva la carga indemnizatoria al Consistorio de la localidad y rebaja la obligación a la empresa de jardinería que cuidaba el terreno
Las negligencias municipales al "obviar" la grieta y la "precaria estabilidad" del cerro Pui Pinos, que se deslizó en 2017 destruyendo varias viviendas y locales industriales, le costarán al Ayuntamiento de Alcañiz más de un millón de euros en indemnizaciones a 22 vecinos y 3 empresas.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha establecido un nuevo reparto de responsabilidades por el suceso, aumentando hasta un 80% la que corresponde al Ayuntamiento y rebajando al 20% la de la empresa de jardinería Sifu. La compañía, disconforme con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, que repartió la carga indemnizatoria al 50% entre ambas entidades, acudió al TSJA, que ha estimado en parte su demanda.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente al pago de más de un millón de euros en lugar de los 650.000 fijados por el juzgado turolense. De aquella primera sentencia, la aseguradora municipal ya aportó 400.000 euros y de las arcas municipales salieron 250.000 euros. La cantidad que falta será sufragada por entero por el presupuesto municipal
Según confirma el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, el Ayuntamiento acatará la sentencia sin recurrirla y espera disponer del dinero en diciembre. Para ello, realizará una modificación presupuestaria que permita extraer 350.000 euros del fondo de contingencia y 75.000 euros de otras partidas.
"La sentencia deja claro que el Ayuntamiento tuvo mas responsabilidad que Sifu, con negligencias que hicieron que se acumulara el agua y hubiese un derrumbe. Cumpliremos con nuestro compromiso", afirma Urquizu.
El Juzgado turolense ya dictaminó que el deslizamiento era "previsible", puesto que su estabilidad era "precaria" y había aparecido una gran grieta que fue "obviada" por el Consistorio dada la actuación de sus técnicas municipales, con "absoluta falta de atención y coordinación" entre las áreas de Obras y Medio Ambiente.
Además de ser evidencia de la inestabilidad, la generación de la grieta suponía un riesgo por su ubicación y la posibilidad de afectación del riego, como así ocurrió.
La sentencia fue especialmente dura con la labor de la arquitecta municipal y la técnico de Medio Ambiente. En aquellos momentos, ambas se declararon "incompetentes", bien por falta de concreta delimitación de funciones o por otro motivo, que para la jueza, a la vista de sus declaraciones tanto en sede judicial como en el expediente administrativo e incluso en prensa por parte de la arquitecta , "parece rayar en lo personal". El Ayuntamiento no estudió las condiciones del terreno, su factor de seguridad y el riesgo de deslizamientos en la ladera.
