Teruel

El Ayuntamiento de Alcañiz quiere agilizar el pago de daños por el derrumbe del cerro de Pui Pinos

Realizará una modificación presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones que corresponden a la veintena de afectados

Teruel
Los vecinos afectados acudieron este jueves a una reunión en el Ayuntamiento.
Heraldo

El Ayuntamiento alcañizano ha comenzado a trabajar para depositar el importe con el que debe indemnizar a los vecinos que resultaron afectados por el derrumbe del cerro de Pui Pinos en abril de 2017, que arrasó varias casas y locales empresariales. Una sentencia condena al Consistorio y a la empresa de mantenimiento de los jardines, Sifu, junto con sus aseguradoras, al pago de 1,3 millones de euros a los más de 20 perjudicados.

La semana que viene se celebrará una comisión de Hacienda para realizar una modificación presupuestaria, a la que seguirá un pleno para contar con los poco más de 250.000 euros que debe aportar el Ayuntamiento (los 400.000 restantes de su mitad los aporta la aseguradora).

Estos pasos los conocieron este jueves casi una veintena de afectados que acudieron a una reunión convocada por el Ayuntamiento. El alcalde, Ignacio Urquizu, se dirigió a los asistentes pidiendo "disculpas" en nombre del Consistorio porque "han sufrido sus negligencias antes del derrumbe por todo lo que no se hizo y, después, porque el proceso se ha prolongado 4 años".

El Ayuntamiento ha contactado con los abogados de las partes implicadas para conocer si van a recurrir o no la sentencia judicial y "negociar". El secretario municipal está elaborando un informe sobre el fallo por encargo del equipo de gobierno. En él se dilucidará si se toman medidas por la implicación de la arquitecta municipal y la técnico de medio ambiente, con las que la sentencia es muy dura al asegurar que "adoptaron una actitud pasiva y negligente".

"El fallo no condena al personal del Ayuntamiento, pero sí se hace una evaluación de su gestión y de la relación de las técnicos. El secretario tiene que evaluar si de ello se deriva alguna responsabilidad, porque de la actuación del personal se ha acabado derivando una responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento", apuntó el concejal Javier Baigorri.

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