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Los jardineros del cerro de Pui Pinos de Alcañiz niegan haber desencadenado el derrumbe

Termina el juicio para esclarecer las causas del siniestro y resolver quién asumirá los más de dos millones de euros de daños

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Un momento de la vista celebrada este viernes por el derrumbe de Pui Pinos, en la que tomaron parte 13 abogados.
Heraldo

Los jardineros que se ocuparon del mantenimiento del cerro de Pui Pinos de Alcañiz antes de que parte de este se derrumbara la madrugada del 18 de abril de 2017 destruyendo cuatro viviendas y varios garajes y locales de negocios declararon este viernes en la tercera y última sesión del juicio seguido por este siniestro que ellos realizaron su trabajo correctamente. Con su testimonio, negaron que su labor hubiera podido provocar la fuga de agua a la que el Ayuntamiento atribuye el deslizamiento de tierra.

Los empleados de Atadi y Sifu –las dos empresas que, por ese orden, cuidaron del parque– no aclararon quién pudo dejar abierta la llave de paso del agua, pues explicaron que la zona llevaba sin recibir riego desde noviembre de 2016 y que el primero de ellos estaba programado para el día siguiente al derrumbe. Señalaron que la puerta de la caseta que protege estas instalaciones no estaba cerrada con candado y que cualquiera podía entrar.

El abogado de Sifu, Miguel Morales, afirmó que solo una avería oculta y desconocida pudo provocar la filtración de agua y sostuvo, no obstante, que el deslizamiento se debió a la "inestabilidad cero" de la ladera, formada por escombros y derrubios y sujeta por un tramo de muralla medieval que cedió. Por su parte, el letrado que representa al Ayuntamiento de Alcañiz, Gabriel Morales, continuó achacando el siniestro a una filtración incontrolada de agua. La empresa de jardinería y el Consistorio se culpan mutuamente del deslizamiento de tierra. Lo que está en juego es el pago de 2,2 millones de euros en indemnizaciones por los daños que causó el accidente en las construcciones afectadas.

Cinco horas de estrés

En la vista testificaron dos policías locales que recordaron las casi 4 horas de estrés –de la 1.15, cuando fueron avisados por caída de piedras, a las 5.00, cuando se produjo el deslizamiento– que vivieron aquella madrugada del 18 de abril de 2017, al tener que desalojar, con escasos refuerzos, a la docena de personas que vivían en las casas. Su actitud resolutiva evitó que hubiera daños personales.

Joyas y dinero perdidos entre los escombros

Entre los perjudicados por el siniestro de Pui Pinos figura una familia que perdió 20.000 euros en metálico y otros 5.000 en joyas cuando la lengua de tierra que bajó del monte destrozó su casa. Guardaban estos bienes en un arcón del que no pudieron rescatar su contenido con las prisas del desalojo. Después, cuando comenzaron las tareas de desescombro, según relata el abogado de la compañía de seguros que ha compensado en parte a la familia, Miguel Redón, no les fue permitido entrar a recoger sus pertenencias. El mueble acabó en el basurero y allí fue localizado por sus propietarios, pero dentro de él ya no había nada. Ahora, la aseguradora reclama al Ayuntamiento de Alcañiz el importe de estas pérdidas mientras la familia perjudicada podría estar estudiando si inicia un nuevo procedimiento judicial por lo ocurrido.

Este viernes, la propietaria de la joyería que vendió las alhajas ahora desaparecidas a la señora de la familia testificó desde Alcañiz por videoconferencia confirmando que estas piezas habían salido de su establecimiento. Eran, en concreto, un reloj de oro y brillantes y una gargantilla de oro. Molesta porque la vía telemática no le permitía escuchar con claridad las preguntas que le formulaban las partes desde la sala de Teruel, afirmó que "esto ni es juicio ni nada, porque no se oye nada".

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