Santi Vila entrega al juez las escrituras de su piso como aval por la causa de Sijena
El exconseller ya ofreció hace un año su vivienda para afrontar la fianza de 216.000 euros solicitada y este miércoles ha llevado las escrituras al juzgado para garantizar que no la venderá.
El exconseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila ha presentado este miércoles en Huesca las escrituras de su vivienda de Figueras (Gerona) como aval para afrontar la fianza de 216.000 euros que le solicita el Juzgado de Instrucción número 3 por un delito de desobediencia al negarse a entregar 44 obras de arte del monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida. Desde hace un año, Vila ha estado realizando gestiones para cubrir ese depósito, en su mayor parte con la garantía de su propiedad, aunque ha sido hoy, según publica La Vanguardia, cuando tenía previsto aportar físicamente las escrituras, un trámite que le impedirá vender la finca hasta que se resuelva el proceso.
La Generalitat le negó la posibilidad de hacerse cargo de su defensa. El exconseller de Cultura tampoco ha contado con ayuda de la caja de solidaridad creada para pagar los gastos judiciales de los líderes independentistas, a diferencia del otro procesado en esta causa, Lluís Puig, su sucesor en el cargo, fugado a Bélgica junto a Carles Puigdemont, cuya fianza de 88.000 euros sí ingresó la entidad que gestiona ese fondo.
Ambos están acusados de desobedecer las órdenes judiciales de entrega de 44 obras retenidas en el Museo de Lérida, que solo salieron de allí cuando fueron a buscarlas técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil. El juzgado intentó ejecutar en varias ocasiones la sentencia dictada en 2015, encontrándose con la negativa de la Generalitat siendo ellos titulares de la consejería de Cultura.
La mitad de la fianza de Vila (108.000 euros) se ha cubierto en metálico. El resto, con el aval de su piso de Figueres (Gerona). Él aportó una tasación del inmueble, de 131 metros cuadrados, por 286.791 euros. El Juzgado número 3 de Huesca ordenó realizar otra para que los peritos ratificaran la valoración.
El propio Vila confirmó a este periódico que no ha contado con la ayuda de la caja de solidaridad. "La aportación en metálico la hemos reunido entre varios", dijo el pasado mes de septiembre, reconociendo que no disponía de tanto dinero. "Las personas físicas y jurídicas que me han ayudado han reclamado una discreción total", aclaró.
La fianza de los ‘exconsellers’ suscitó polémica porque la caja de solidaridad independentista no quiso abonar la de Vila y sí la de Puig. La Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad justificó que "aunque había razones a favor relativas a los hechos juzgados, hay otras en contra, relativas a la actuación global de Santi Vila". Este dimitió un día antes de proclamarse la República catalana y se desmarcó de la corriente dura independentista.
Todavía no hay fecha para la vista oral. Los hechos por los que serán juzgados Vila y Puig tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, que decretó la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena. Una sentencia que ratificó la Audiencia Provincial de Huesca y hace solo dos semanas confirmó el Tribunal Supremo.
Posteriormente, el 11 de junio de 2015, el mismo juzgado decretaba la ejecución provisional requiriendo el traslado inmediato y efectivo al monasterio de Sijena. Las depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña sí se llevaron, pero Vila dictó una orden por la que no autorizaba la disgregación de las piezas que restaban en el Museo de Lérida.
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena acusan a Santi Vila y Lluis Puig de delitos de desobediencia y el consistorio añade además en el caso del primero otro de usurpación de atribuciones judiciales, con penas de multa. En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, ambos exconsejeros deberían pagar de forma solidaria los gastos producidos al Gobierno de Aragón para rescatar, embalar y transportar las 44 piezas desde el Museo de Lérida al Real Monasterio de Sijena.
