ACUSADOS DE DESOBEDIENCIA
¿Quién paga la fianza a los 'exconsellers' en el juicio por Sijena?
Los 88.000 euros del fugado Lluís Puig han salido de la Caja de Solidaridad independentista, que se ha negado a pagar los 260.000 € de Santi Vila.
A los 'exconsellers' de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluís Puig les ha salido caro desobedecer las órdenes de un juzgado de Huesca y no entregar cuando se les requirió las 44 obras de arte del monasterio de Sijena retenidas en el Museo de Lérida. Sin embargo, para uno será más difícil reunir el dinero que para otro. Mientras Lluís Puig ya ha satisfecho la fianza de 88.000 euros solicitada para afrontar el juicio por el delito de desobediencia, su antecesor, Santi Vila, ha pedido una prórroga y si no consigna pronto los 216.000 euros exigidos en su caso, se le embargarán los bienes.
La diferencia es que el primero, afín a Carlos Puigdemont, con el que se fugó a Bélgica, ha tenido el apoyo de la Caja de Solidaridad independentista, mientras al segundo, que dimitió un día antes de proclamar la República catalana, se le ha negado esta ayuda.
Puig consignó la cantidad requerida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca el pasado 15 de enero. En su nombre, el ingreso lo hizo la Asociación Foment Caixa de Solidaritat. Esta entidad se creó para hacer frente a los gastos jurídicos y responsabilidades económicas de las personas físicas como consecuencia del proceso independentista. Gestionada inicialmente por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, ahora es asumida por la Asociación de Fomento de la Caixa de Solidaritat, que recoge y canaliza las aportaciones voluntarias.
Este exconseller está acusado de un delito de desobediencia, por el que se le pide una pena de 11 meses de multa a razón de 200 euros diarios -66.000 euros- e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años.
A diferencia de Puig, la Caixa de Solidaritat no ha atendido las peticiones de Santi Vila para colaborar en su fianza, que asciende a 216.000 euros. En su caso, además del delito de desobediencia, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, le imputa un supuesto delito de usurpación de atribuciones judiciales. Este exconseller dimitió de su puesto un día antes de que el Parlament declarara la República catalana y se ha distanciado de la línea dura del independentismo.
Así, Vila tiene que afrontar el pago en solitario. De ahí, que su abogado haya pedido al juzgado una prórroga de un mes para consignar la fianza. Si finalmente no puede afrontarla, se procederá al embargo de sus bienes, como ha pedido la acusación particular.
Vila es director general de la compañía Aigües de Banyoles, dedicada a la captación de agua del estanque, su tratamiento y la distribución en Bañolas y el entorno. Fue alcalde de Figueras y desde 2012 consejero de la Generalitat, primero de Territorio y Sostenibilidad, luego de Cultura y finalmente de Empresa y Conocimiento.
Los hechos por los que serán juzgados Vila y Puig tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
Los depositados en el Museo de Arte de Cataluña fueron devueltos voluntariamente, pero los 44 retenidos en el Diocesano de Lérida solo salieron cuando fueron a buscarlos técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil, después de que el juzgado intentara ejecutar la sentencia en varias ocasiones, encontrándose con que la Generalitat no obedecía las ordenes de entrega.
Posteriormente, y para intentar retenerlas, según la acusación, Vila dictó una orden por la que no autorizaba la disgregación de las obras que quedaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes a Sijena.
El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que ha solicitado el embargo de los bienes de Vila, ha pedido al juzgado algunas aclaraciones respecto al ingreso realizado por la Asociación Foment Caixa de Solidaritat, ya que a su entender contiene algunas deficiencias. La primera se refiere a un error en el NIF, que no coincide con el mencionado en la web de la asociación. Por ello, solicita un control por parte de la Delegación de Hacienda de Huesca.
Además, la consignación, según expuso el letrado Jorge Español, es incorrecta al no justificar en concepto de qué hace el ingreso, si es fruto de un crédito o una donación y finalmente si es a cuenta de sus responsabilidades pecuniarias derivadas de la fianza.
A diferencia de Santi Vila, quien se personó en el juzgado durante la fase de instrucción para declarar, Puig lo hizo por videoconferencia desde Bélgica. Hace solo unos días utilizó el mismo sistema para comparecer ante la comisión de investigación del 155 del Parlament de Cataluña, donde dijo que el principal perjuicio de la aplicación de este artículo fue lo que él considera el "expolio" de las obras de arte de Sijena.
