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Huesca

desobediencia en la entrega de los bienes

El exconseller Vila pide una prórroga para pagar la fianza de 216.000 euros por el delito de Sijena

Su abogado alega "la imposibilidad económica" del antiguo responsable de Cultura de la Generalitat para hacer frente de forma inmediata. 

El exconseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, en los juzgados de Huesca.
El exconseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, en los juzgados de Huesca.
Pablo Segura

El exconseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca una prórroga de un mes para poder satisfacer la fianza de 216.000 euros que se le impuso, en la causa judicial seguida contra él y su sucesor, Lluis Puig, por desobedecer la orden judicial de entrega de 44 obras del Real Monasterio de Santa María de Sijena depositados en el Museo de Lérida, que el Gobierno de Aragón recuperó en 2017 con auxilio de la Guardia Civil. Vila está acusado, asimismo, de usurpación de atribuciones judiciales.  

Lluis Puig ya ha depositado la fianza de 88.000 euros, pero el abogado de Vila ha remitido un escrito al juzgado solicitando una prórroga de un mes "ante la imposibilidad económica" de su cliente para hacer frente "con carácter inmediato" a la totalidad del importe. Según justifica el letrado Juan Segarra, se están llevando a cabo gestiones para conseguir los recursos o la financiación necesarios para consignar el importe, pero pueden alargarse. Para evitar "un efecto de bloqueo" en la economía personal de Vila por "el embargo indiscriminado de sus bienes", pide un plazo complementario. 

Vila es director general de la compañía Aigües de Banyoles, dedicada a la captación de agua del estanque, su tratamiento y la distribución en Bañolas y el entorno. Fue alcalde de Figueras y desde 2012 consejero de la Generalitat, primero de Territorio y Sostenibilidad, luego de Cultura y finalmente de Empresa y Conocimiento. Dimitió de este puesto un día antes de que el Parlament declarara la República catalana.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ha recordado que ya ha pasado un mes y medio "desde que supo que legalmente tenía que dar esa fianza en el improrrogable plazo legal de un día". Esta parte ha pedido que se embarguen sus bienes, informó Jorge Español. 

Ante el escrito de solicitud de prórroga, el juez ha requerido al fiscal para que se pronuncie en un plazo de tres días sobre dicha prórroga es procedente o no.

Las defensas de los exconsellers ya solicitaron sin éxito, el pasado 13 de diciembre de 2019, la reducción de ambas fianzas, recogidas en el auto de 5 de diciembre en el que la jueza decretaba la apertura de juicio oral contra ellos.

Los hechos por los que serán juzgados Vila y Puig tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena. El juzgado intentó ejecutar la sentencia en varias ocasiones, pero la Generalitat no obedeció la orden de entrega de las piezas.

Posteriormente, y para intentar retenerlas, Vila dictó una orden por la que no se autorizaba la disgregación de las obras que quedaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes a Sijena.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicita para Santi Vila, por el delito de desobediencia, una pena de 11 meses de multa a razón de 300 euros diarios -99.000 euros- e inhabilitación especial para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un periodo de dos años. Además, por el delito de usurpación de atribuciones judiciales, relacionado con la citada orden, reclama una pena de 11 meses de prisión, multa de siete meses a razón de 300 euros diarios -63.000 euros- y suspensión para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un período de dos años y nueve meses.

Lluis Puig, el exconseller huido a Bélgica con Carles Puigdemont, está acusado del delito de desobediencia, por elq ue se le pide una pena de 11 meses de multa a razón de 200 euros diarios -66.000 euros- e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años.

En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, el consistorio pide que ambos exconsejeros paguen de forma solidaria los gastos producidos al Gobierno de Aragón para rescatar, embalar y transportar las 44 piezas desde el Museo de Lérida al Real Monasterio de Sijena.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, considera que los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia y pide para ambos acusados una pena de multa de 5.940 euros -11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros-.

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