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El Asilo San José de Teruel sostiene que la comida caducada no llegó a los residentes

El centro extiende la responsabilidad a la DGA, que tuteló el geriátrico durante la pandemia por la covid-19

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Vista general del Asilo San José, en el que fueron encontradas cinco toneladas de comida caducada.
Jorge Escudero

El Asilo San José de Teruel, al que la Fiscalía investiga tras tener conocimiento a través de la DGA de que a finales de abril había en sus almacenes cinco toneladas de alimentos caducados, sostiene que la existencia de estos productos, la mayoría no perecederos, "no supuso ningún riesgo o daño para la salud de los residentes", pues esos víveres se encontraban apartados para ser eliminados y "nunca llegaron a entrar en la cadena de alimentación".

Así lo explica el abogado de la congregación religiosa titular del centro, Jaime Fernández Martos, quien ha presentado alegaciones a la denuncia formulada ante la Fiscalía de Teruel, entre otros motivos, por no haber estado presente dicha Congregación en la inspección realizada al geriátrico. Fernández Martos expresa su confianza, no obstante, en que el caso sea archivado desde el punto de vista penal. "Aunque haya habido en la trasera algún alimento en mal estado, siempre se estuvo pendiente de que en ningún modo fuera utilizado", subraya.

La congregación religiosa que gestiona el geriátrico, Hermanitas de los Desamparados, extiende la responsabilidad sobre la presencia de comida caducada al Gobierno aragonés, argumentando que este tomó las riendas del centro desde el 21 de marzo, al registrarse varios fallecidos por coronavirus y una oleada de contagios, así como reclamaciones de los trabajadores para disponer de suficientes equipos de protección.

El centro considera que "también pudo influir" el hecho de que al enfermar las hermanas cocineras a finales de marzo, se optó por que los menús fueran elaborados por un caterin externo que utilizaba sus propias materias primas.

Desde el Departamento de Sanidad de la DGA declinaron realizar declaraciones sobre la postura adoptada por la representación del Asilo San José de Teruel y señalaron que cualquier manifestación se efectuará en la Fiscalía.

Por su parte, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales destacó que el objetivo del Gobierno de Aragón al intervenir el geriátrico fue "proteger a los residentes y ayudar en la gestión del centro en un momento complicado ante la pandemia de Covid". Explican que la misma medida se adoptó en un total de ocho residencias en la Comunidad, tres de las cuales ya han regresado a manos de sus gestores tras sumar 28 días sin casos de coronavirus. "En la misma línea se seguirá trabajando hasta que estos centros queden completamente libres de coronavirus", añaden.

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