La Audiencia Provincial de Teruel tendrá que resolver la discrepancia surgida en los últimos días entre el juez del Juzgado de Instrucción número tres de la capital turolense, Jerónimo Cano de Lasala, y el Ministerio Fiscal. Uno y otro mantienen posturas opuestas en cuanto a extender la investigación por presuntas irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel a los 25 diputados que integraban el pleno de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) el 26 de febrero de 2010 y el 25 de febrero de 2011.

Mientras el magistrado es partidario de llamar a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a cada uno de los diputados –dos de ellos, Antonio Arrufat y Francisco Abril, ya lo han hecho–, la Fiscalía sostiene que en el proceder de los políticos no hubo indicios de prevaricación ni malversación y que el asunto, en lo que a la DPT respecta, debe archivarse.

En aquellas dos fechas, el 26 de febrero de 2010 y el 25 de febrero de 2011, la corporación provincial turolense acordó por unanimidad conceder tres ayudas al Jamón –sumaron 68.000 euros– que no fueron bien justificadas, según el perito, y cuya aprobación suponía levantar los reparos que había puesto el interventor al no existir en la DPT un plan estratégico ni una ordenanza de subvenciones.

La Fiscalía de Teruel ya pidió al juez el pasado 17 de noviembre que sobreseyera las imputaciones de Arrufat, Abril y Castaño –este último jefe de los Servicios Agropecuarios de la Diputación– y dejara sin efecto la investigación prevista contra Julia Vicente –exdiputada provincial, secretaria de la mesa de las Cortes de Aragón y alcaldesa de Alcorisa– e Inocencio Martínez –también exdiputado–. Sin embargo, Cano de Lasala solo accedió a lo segundo y de forma temporal, pues el pasado 25 de noviembre, apoyado por la personación como acusación particular del expresidente del CRDO Eugenio García Belenguer y argumentando que existen razones fundadas para seguir con la investigación, rechazó sobreseer la causa de forma provisional.

Ante este choque de criterios entre el juez y el Ministerio Público, este último presentó ayer en el Juzgado un recurso de apelación –será visto por la Audiencia Provincial– en el que insiste en la falta de indicios delictivos para mantener, de forma general, una causa contra la Diputación de Teruel y pide el archivo de las actuaciones."No vemos delito"

El fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo, explicó ayer que la Cámara de Cuentas de Aragón tenía conocimiento de que el pleno de la Diputación Provincial de Teruel levantó en varias ocasiones los reparos que ponía Intervención a la concesión de ayudas sin un plan estratégico ni ordenanza de subvenciones. Sin embargo, dicho organismo no dio parte al Tribunal de Cuentas y el asunto siguió el cauce meramente administrativo y no el de la vía penal, destacó Gargallo. "No vemos delito", remarcó el máximo representante de la Fiscalía de Teruel.

Gargallo recordó que, al principio, fue el propio Ministerio Público quien pidió la imputación de algunos diputados provinciales. Pero, una vez oídos los testimonios de Antonio Arrufat, Francisco Abril y Rogelio Castaño, así como valorados los informes periciales existentes, "vimos que no había motivo para que siguieran declarando el resto de los miembros del pleno de la Diputación turolense", explicó el fiscal jefe. Gargallo justificaba así el cambio de criterio del Ministerio Público y defendía "la independencia e imparcialidad" de la Fiscalía.

En el recurso del Ministerio Público ante la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la causa contra la DPT no se menciona al Instituto Aragonés de Fomento, pese a que el perito señaló en su informe que varias de las subvenciones que este organismo dependiente del Gobierno aragonés concedió al Consejo del Jamón entre 2009 y 2011 también estuvieron, a su juicio, mal justificadas.

Ahora, será la Audiencia Provincial quien decida si la investigación contra los diputados provinciales debe continuar o, por el contrario, tiene que ser archivada. Sea cual sea la resolución, el caso del Jamón se ha cobrado ya una víctima política, pues Arrufat dimitió como delegado de la DGA en Teruel al ser imputado.