Los abogados de Arrufat y Abril recurrirán la personación como acusación particular del expresidente del CRDO Eduardo García, que fue el iniciador del proceso judicial al denunciar las supuestas ilegalidades a principios de 2014. La solicitud de García de incorporarse a la instrucción como parte fue admitida por el juez instructor al considerarlo perjudicado directamente por las posibles irregularidades.

El Ministerio Público se opondrá, por su parte, al auto del magistrado instructor, Jerónimo Cano, que mantiene como investigados –imputados en la terminología previa a las últimas reformas legales– a Arrufat y Abril, una condición que, de acuerdo a los criterios del juez, podría ampliarse al resto de los 25 miembros de la corporación que aprobaron en varios plenos las ayudas al CRDO que están siendo investigadas.

Los recursos de apelación de los dos defensores y del fiscal se entregarán en el Juzgado número 3 de Teruel, que investiga el ‘caso del Jamón’, aunque su resolución corresponderá a la Audiencia Provincial, que podría aplicar criterios distintos a los del instructor. El abogado de Francisco Abril, Manuel Gómez, consideró injustificada la admisión de Eugenio García como acusación. Adelantó que, previsiblemente a lo largo de la próxima semana, también recurrirá el auto que ratifica la imputación de su cliente y de Arrufat, en contra de los criterios de la Fiscalía.

El letrado que representa al expresidente de la DPT, Miguel Ángel Lou, se mostró muy beligerante contra la admisión de García como acusación. Se trata de un caso "asombroso" a su juicio, porque fue esta misma persona la que desencadenó la investigación judicial con acusaciones "muy distintas" de las que ahora investiga el juzgado. Recordó que su principal argumento de denuncia giraba en torno a un masivo fraude alimentario, que ha quedado en vía muerta. También reprochó al denunciante que, como presidente del CRDO, despidiera al entonces gerente, Fernando Guillén, "permitiéndose el lujo de pagarle una indemnización con dinero público" cuando era el principal destinatario de las denuncias de mala gestión.

Lou consideró que la investigación sobre las presuntas irregularidades del CRDO se ha desviado de su objetivo para focalizarse en la política de subvenciones de la DPT, que "otorgó ayudas por concurrencia pública y control del destino del dinero". El abogado dijo que la inexistencia de una ordenanza reguladora de las subvenciones no supone que estas se entregaran sin fiscalización. Admitió, no obstante, que pudo incurrirse en alguna "irregularidad administrativa", aunque nunca en delito. También consideró descabellada la posibilidad de que las imputaciones se extiendan a todos los miembros de la Corporación.

El abogado matizó que la DPT controló el destino de "cada euro" entregado, pero la supuesta "falta de control" en la administración del CRDO no puede imputarse a la Diputación. Miguel Ángel Lou justificó la política de subvenciones de los sectores productivos de la DPT porque, en su opinión, en algunos casos, la actividad subvencionada no se hubiera consolidado sin esas ayudas.

El juez instructor confirmó las imputaciones de Arrufat y Abril, así como del jefe de los servicios agropecuarios de la DPT, Rogelio Castaño, por entender que la política de subvenciones de la institución carecía de rigor e imparcialidad. Dedica parecidos reproches a las ayudas otorgadas por el Instituto Aragonés de Fomento al CRDO.

Jerónimo Cano detecta en ambas instituciones indicios "razonables y fundados" de "una más que posible indebida concesión de subvenciones". Añade que la entrega de ayudas "sin soporte documental justificativo" podría comportar un "ilícito penal". Señala en su auto que el pleno ignoró los "reparos" del servicio de Intervención contra las ayudas.

El ‘caso del Jamón’ ha tenido una ruidosa derivación política con la petición de Podemos al PSOE para que fuerce el cese de todos los políticos imputados y, como consecuencia de esta exigencia, la dimisión de Arrufat como delegado territorial de la DGA.