Teruel
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El presidente de la D.O. Jamón de Teruel no convocará elecciones

Eugenio García, ha acusado a los representantes que dimitieron esta semana de querer bloquear la auditoría contable que daría luz sobre las "irregularidades" en la gestión anterior.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel (CRDO), Eugenio García, ha acusado este jueves a los vocales y al vicepresidente dimisionarios de querer bloquear la auditoría contable que daría luz sobre las "irregularidades" en la gestión anterior y ha rechazado convocar elecciones o aceptar una junta gestora.

Eugenio García ha salido así al paso de las declaraciones de los cinco vocales y el vicepresidente -que representan al sector ganadero de la institución- frente a los otros cinco y el presidente, que pertenecen al sector industrial, que dimitieron esta semana por "desacuerdo en su gestión".

En una larga rueda de prensa, García ha acusado a los dimisionarios, "gestores de empresas de piensos o cooperativa, que no ganaderos de a pie", de faltar a plenos y de "llevar siete meses bloqueando esta casa para no hacer una auditoría".

Según García, durante el anterior mandato hubo "errores de gestión y tal vez incluso abuso por parte de los señores que ahora dicen haber dimitido".

El máximo responsable de la Denominación de Origen turolense ha tenido duras palabras hacia el que fuera gerente hasta el pasado mes de diciembre, Fernando Guillén, quien, ha asegurado, dificultó su acción de presidencia "desde el inicio de la toma de posesión", negándole documentos y "tratando de que no profundizara en los asuntos delicados de la casa".

A lo que se suman, según García, "irregularidades", como la realización de "autopréstamos; él era el prestatario y el prestamista".

Reprocha también García que el sueldo de Guillén fuera mayor que el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que, ha informado, "cobraba 82.000 euros anuales", a los que habría que sumar 35.000 euros en gastos y vehículo propio, cuando en otras denominaciones el que más cobra es 40.000 euros.

Una muestra, ha añadido el responsable de la institución, de que el Consejo no ha adaptado su estructura a la situación económica actual, puesto que se ha mantenido la misma de los tiempos de bonanza, cuando se producían 775.000, frente a los 250.000 actuales.

García ha dicho que la deuda bancaria de la institución asciende a los 400.000 euros, y "todavía están llegando facturas", mientras "no hay activo fijo con el que responder", ha asegurado.

A pesar de ello, ha apuntado que las nóminas de los nueve trabajadores se han ido pagando y en la actualidad solo está pendiente la del mes de diciembre.

El presidente, que ha estado acompañado por el vocal Vicente Gargallo, ha recordado que la destitución del gerente se formalizó en el pleno de diciembre "por unanimidad", y todavía no ha habido margen de tiempo para buscar uno nuevo.

"El marketing de esta casa ha estado al servicio de la promoción personal de Fernando Guillén", que, ha dicho el presidente, "tiene el carné del PP" y que quería "promocionarse como consejero".

El presidente ha mostrado su pesar por no haber podido "modernizar la institución con discreción", como era su objetivo al acceder a la presidencia hace algo más de siete meses.

Con la normativa que regula el funcionamiento del Consejo en la mano, ha recordado que los vocales pueden incluir en cualquier punto del orden del día revocar al presidente: "Lo han intentado pero al darse cuenta de que no tenían mayoría pasaron de esto".

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de "respetar las decisiones democráticas", y se ha mostrado contrario a convocar elecciones o aceptar una junta gestora nombrada por el Gobierno de Aragón.

Así, espera que tomen posesión como vocales los siguientes en la lista, tal y como recoge la normativa.

"Espero que nadie tenga la intención de quebrantar la ley ante una corporación que tiene entidad jurídica propia, solo porque el anterior gerente tenga carné del PP como en el Gobierno de Aragón, fundamentalmente justo antes de realizar una auditoría" porque "sería forzar la legalidad y nosotros emprenderíamos acciones judiciales", ha sentenciado.

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