Investigan dos denuncias en Zaragoza contra el jesuita acusado de violación en Mallorca

Las víctimas hablan de conducta impropia y abusos por parte del cura, que ejerció 21 años en el colegio El Salvador.

Fachada del Colegio del Salvador.
El cura ejerció en el colegio El Salvador entre 1977 y 1981 y de 1990 al 2007.
Guillermo Mestre

Uno de los dos sacerdotes de la Compañía de Jesús acusados por una mujer mallorquina de abusos sexuales y violaciones durante 36 años, está siendo investigado por otras denuncias cometidas mientras ejerció en Zaragoza. Fernando M. R. prestó servicio en el colegio El Salvador de la capital aragonesa durante dos décadas.

La primera denuncia que se recibió contra él data de abril de 2021 en Palma de Mallorca. Según ha confirmado a este periódico la orden religiosa, a raíz del proceso iniciado inmediatamente, el gobierno de la Provincia eclesiástica tuvo conocimiento de que en el año 2005, en Zaragoza, fue también acusado de "conductas impropias" por una persona. La Oficina de Comunicación de los Jesuitas asegura que mientras se llevaron a cabo las averiguaciones, la denunciante admitió la falsedad de dicha acusación.

Sin embargo, en estos días de atrás se han recibido dos denuncias más comunicando "un posible caso de conducta impropia y otro de posibles abusos por parte de F. M. R. en Zaragoza, por lo que la investigación sigue abierta", según las mismas fuentes.

Las denuncias llegaron a través de la cuenta proteccion@jesuitas.es, abierta por la Compañía de Jesús para atender casos de abusos de religiosos. La orden pide a las posibles víctimas "o a quien desee aportar luz a nuestra investigación" que lo haga a través de ese medio, enmarcado en el Sistema de Entorno Seguro, el programa creado hace dos años de protección e intervención.

Campamentos

Fernando M. R. ejerció en dos periodos distintos en el colegio zaragozano de El Salvador: entre 1977 y 1981 y de 1990 al 2007. Se ocupaba de actividades benéficas y de los campamentos e hizo algunas sustituciones docentes. También estuvo en el noviciado que tenía la Compañía en la capital aragonesa durante el curso 1984-1985.

En marzo de 2022, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) abrió contra él un proceso administrativo penal llevado por abogados y canonistas externos de la Compañía, que acaba de concluir hace unas semanas. "Se ha remitido a la Curia General y de ahí pasará a la DDF, que dictará los pasos a seguir", señalaron las fuentes oficiales de la orden.

Mientras tanto, continúan en vigor las medidas cautelares impuestas contra él de restricción de movilidad, limitación completa de su labor pastoral y prohibición de actividades con menores y adultos.

Otro cura destinado en Huesca

En el caso de Mallorca está implicado también otro jesuita, Luis A. S., que estuvo destinado en Huesca, concretamente en la congregación que tenía su sede en la iglesia de San Vicente el Real. La comunidad puso fin a su presencia en la ciudad en el año 2019, para trasladar a los sacerdotes a otros puntos de España dentro de su proceso de reestructuración. La orden llevaba en la ciudad desde 1606, apenas 70 años después de su fundación con algún paréntesis.

Según concluye la Compañía, "la investigación con respecto a estos dos jesuitas sigue abierta en Mallorca y en otros lugares en los que estuvieron destinados, como Zaragoza y Huesca".

La víctima de Mallorca, ahora de 53 años, los acusó de aprovecharse de que padecía un trastorno límite de personalidad por las agresiones sexuales sufridas en su infancia y adolescencia por parte de su padre, para abusar de ella desde el año 1985, según desvelaron ‘El Diario de Mallorca’ y ‘El País’. Conoció a Fernando M. R. en el colegio Montesión de Palma, donde había un centro juvenil cristiano. Coincidieron en el coro y en campamentos.

El cura se marchó de Mallorca, pero siguió abusando de ella cuando visitaba la isla. Luego llegó para reemplazarlo Luis A. S., que era profesor, y continuaron las agresiones sexuales. A ambos los trasladaron a la península y entre sus nuevos destinos estuvo la Comunidad de Aragón. Además de la denuncia contra ellos había implicado un tercer sacerdote diocesano.

La Compañía de Jesús pidió perdón públicamente a la mujer  manifestando su "más rotunda condena por los abusos cometidos en el pasado por miembros de la orden cuya labor precisamente debería haber sido proteger a una persona vulnerable, vinculada a nuestras congregaciones marianas". Al mismo tiempo lamentó "el grave sufrimiento personal y psíquico ocasionado por los religiosos".

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