Binéfar negocia la cesión de la estación de tren para ubicar el cuartel de la Policía Local
El pleno aprobó en abril por unanimidad un gasto de 200.000 euros para mejoras en la terminal.
El Ayuntamiento de Binéfar, presidido por la popular Patricia Rivera tras las elecciones del 28 de mayo, negocia desde hace año y medio con el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la cesión de parte de la estación de tren de la localidad para usos públicos. El edificio, situado en una zona céntrica, está sin uso desde hace una década y se halla blindado para evitar asaltos a su interior. En principio, se plantea trasladar al inmueble el cuartel de la Policía Local, ahora ubicado en la casa consistorial.
En uno de los últimos plenos del mandato recientemente finalizado, se aprobó, con la unanimidad de todos los grupos municipales, autorizar un gasto plurianual para el arrendamiento del edificio principal de la terminal ferroviaria. Según el preacuerdo alcanzado con el ADIF, el Ayuntamiento de Binéfar obtendría la cesión del inmueble para 20 años y por un precio ‘simbólico’ de 600 euros anuales, cantidad que se incrementaría progresivamente con el 2% del IPC.
La entrega de la estación estaría condicionada a que dicho espacio se destinara a un uso público. Está previsto trasladar allí la sede de la Policía Local, ahora en el sótano del Ayuntamiento.
El gasto plurianual aprobado en el pleno de abril contempla un montante de 200.000 euros para llevar a cabo mejoras en el edificio, que presenta un mal estado de conservación por su escaso mantenimiento durante.
A principios de 2017 el entonces alcalde, el socialista Alfonso Adán, inició contactos con el ADIF para comentar la situación de las instalaciones ferroviarias y la posibilidad de que pudieran revertir en beneficio del pueblo.
Un contrato de alquiler en 2010
Adán planteó incluso retomar el contrato de alquiler que en su momento se formalizó con el Administrador de Infraestructuras. En agosto de 2010 se había firmado un acuerdo de arrendamiento de edificios para destinarlos a uso municipal, que estuvo activo hasta que, en diciembre de 2012, el entonces equipo de gobierno, del PP, decidió resolverlo por incumplimiento del compromiso adquirido por el gestor, que consistía en invertir 120.000 euros para rehabilitar cubiertas, fachadas, marquesinas, sala de espera, alumbrado y la recrecida de andenes. El consistorio reclamó los alquileres abonados durante el tiempo del arriendo y le fueron devueltos en su integridad.
