La Diputación Provincial de Huesca ha despachado el primer pleno de 2023 en poco más de 20 minutos. Y lo ha hecho dando un ejemplo de consenso ya que el equipo de gobierno del PSOE ha aprobado cinco propuestas presentadas por los dos grupos de la oposición PP y PAR -Cs ya no está representado tras expulsar por irregularidades en las cuentas del grupo a su antiguo portavoz, que pasó a ser diputado no adscrito- para pedir mejoras sanitarias al Gobierno de Aragón y de seguridad y de financiación al Estado. Todas ellas han recibido un apoyo unánime y por tanto se han convertido finalmente en institucionales.

También se ha informado de los tres decretos firmados los pasados 22, 29 y 30 de diciembre de 2022 autorizando la adscripción del presidente, Miguel Gracia, y de los diputados Ramón Laplana, del PSOE, y Joaquín Serrano, del PAR, al régimen de asistencias tras jubilarse los dos primeros y prejubilarse el tercero. Con ello, dejarán de cobrar un sueldo fijo y solo podrán recibir retribuciones por su asistencia a las sesiones de los órganos colegiados (200 euros cada una) hasta el SMI como máximo, es decir, 1.000 euros al mes. Ello supondrá un ahorro de unos 60.000 euros a las arcas de la institución de aquí al final de la legislatura. 

En esta sesión exprés, a la que no han podido asistir los diputados Fran Aísa y Berta Fernández por incidencias derivadas del temporal de nieve, se ha aprobado en primer lugar una moción del PP que insta al Gobierno de Aragón a que, de forma inmediata, solucione los problemas creados con el nuevo contrato de transporte sanitario urgente de Aragón para "asegurar los derechos sanitarios de todos los altoaragoneses". En este sentido, reclaman que las UVI móviles de Jaca, Barbastro, Benabarre y Lafortunada tengan presencialidad 24 horas, y sean dotadas debidamente, cualquier día del año, con profesionales de medicina y enfermería.

Los populares también han sacado adelante una moción en la que la Diputación muestra su "preocupación" por la atención infanto-juvenil de salud mental en la provincia, e insta a la DGA a tomar medidas para mejorarla incluyendo, si lo consideran necesario, la apertura y puesta en marcha de una residencia de trastornos mentales en la ciudad de Huesca.

Mientras, el PAR también ha conseguido aprobar tres propuestas. La primera pide al Gobierno central y al Ministerio del Interior que prosiga e intensifique el incremento de efectivos de la Guardia Civil en el medio rural altoaragonés tras la última oleada de robos en viviendas de Siétamo y Peñalba. La segunda reclama a las administraciones estatal y autonómica la creación de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca, dotado con 60 millones de euros como en otras provincias, que garantice anualmente la suficiente y justa dotación de recursos para la realización de inversiones públicas en el Alto Aragón. Y la tercera insta a administraciones públicas y partidos políticos “a salvaguardar, reafirmar o actualizar para su reforzamiento, el consenso fundamental a fin de dotar de estabilidad y desarrollo a todos los servicios y prestaciones esenciales que componen el Estado de Bienestar, incluyendo su adecuada gestión y mejora”.