El callejero de Huesca vuelve a los tribunales por los nombres de alcaldes franquistas
Varias asociaciones promueven una segunda demanda ante el Juzgado para que el Ayuntamiento elimine las referencias a ediles de la Dictadura como Pedro Sopena Claver, Vicente Campo Palacio, José Gil Cávez y Emilio Miravé.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Huesca ha admitido a trámite la demanda planteada por diversas asociaciones contra el acuerdo del Ayuntamiento de la capital oscense de mantener en el callejero los nombres de los alcaldes franquistas Pedro Sopena Claver, Vicente Campo Palacio, José Gil Cávez y Emilio Miravé, así como de relevantes figuras del régimen dictatorial, Ricardo del Arco y José Castán Tobeñas.
La demanda está suscrita por el Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y varias personas a título particular. Por razones de carácter procedimental la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) no se ha podido personar en la demanda, aunque auspicia y ampara las acciones emprendidas, según los promotores.
El procedimiento contencioso planteado se basa en las leyes de Memoria Democrática en vigor, la aragonesa de 8 de noviembre de 2018 y la de carácter estatal aprobada el pasado 19 de octubre. En ambos casos, se consideran "elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura".
Igualmente, el escrito presentado en el Juzgado, con el asesoramiento del letrado Pablo Malo, promueve la retirada de distinciones y honores como los concedidos al alcalde que lo fue en las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, Vicente Campo Palacio, en posesión de las placas de 'Alcalde Benemérito y Alcalde Ejemplar', así como el título de 'Hijo adoptivo de Huesca', dado que su lugar de nacimiento fue la localidad de Bierge. También el polígrafo Ricardo del Arco fue distinguido por el propio Campo Palacio con los títulos de 'Hijo adoptivo y predilecto de la ciudad'. En ambos casos, dicen los promotores de la demanda, la colisión con la normativa vigente es "manifiesta".
El catedrático de Derecho, procurador en Cortes durante nueve legislaturas, presidente del Tribunal Supremo entre 1945 y 1967 y promotor del Tribunal de Orden Público, el zaragozano José Castán Tobeñas, ya fue eliminado del callejero por el Ayuntamiento de Valencia en 2017, argumentan las asociaciones. "En tal ocasión, como la que nos ocupa en Huesca en todos los casos, informes contrastados por catedráticos de Historia contemporánea, han venido a avalar la oportunidad de la depuración de los correspondientes callejeros".
![Calles de Huesca vacias - Plaza de Navarra / 26-3-20/ Foto Rafael Gobantes [[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2020/03/27/calles-de-huesca-vaci-34250701.jpeg)
El pasado 9 de marzo, el mismo juzgado n.º 1 de lo Contencioso de Huesca dictó sentencia favorable a los actuales demandantes instando la retirada de la placa franquista ubicada en el patio del municipal, así como la eliminación del nomenclátor local de las referencias a los regidores Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz, y del militar falangista y director del Instituto Nacional de la Vivienda Federico Mayo.
Esa primera sentencia se acató parcialmente, ya que la Junta de Gobierno, con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox y el voto en contra de Con Huesca Podemos-Equo, decidió recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la parte del fallo que obligaba a borrar del callejero a los alcaldes franquistas y oscenses. Según argumentó el equipo del gobierno local, socialista, los colectivos que presentaron la demanda judicial no tuvieron en cuenta "el contexto en el que estas personas estaban trabajando".
La placa de agradecimiento a Franco sí se sacó de su emplazamiento y también se aceptó el cambio de la de Federico Mayo, que no fue alcalde, para denominarla calle de la Música, en cumplimiento de la sentencia relativa a la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
