Un juez ordena a Huesca eliminar de su callejero a los alcaldes de la dictadura

El Ayuntamiento de Huesca, gobernado por el PSOE, va a tener que hacer cambios en su callejero, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca. El juez le ordena eliminar las referencias a los alcaldes de la Dictadura que dan nombre a varias calles.

El juez considera que cuatro nombres propios (Federico Mayo, Mateo Estaún, Mariano Ponz y José María Lacasa), al ser personas "afectas al franquismo", infringen la Ley de Memoria Democrática de 2018, sin que la inclusión del primero en la referencia a un grupo de viviendas implique una menor alusión a él.

El problema no afecta solo al callejero, también a la placa existente en el patio del Ayuntamiento, "un enaltecimiento" que igualmente infringe la ley por su dedicatoria 'A su excelencia el Caudillo, Huesca agradecida'". Según el juez, el Ayuntamiento no está eximido de cumplirla, aunque intente contextualizarla con un cartel adjunto. Además, añade, "la protección legal de que pueda estar dotada (la placa) por otras leyes anteriores a la del 2018 que la consideren un documento histórico es, por demás, perfectamente compatible con su retirada y almacenamiento".

La sentencia estima parcialmente la demanda presentada, a través del letrado Pablo Malo, por el Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y personas a título particular. Para los promotores, "supone un enorme avance democrático", aunque lamentan que "para hacer cumplir las leyes sea preciso tener que acudir a los tribunales".

En su demanda pedían la retirada de la placa franquista existente en el patio del Ayuntamiento, la eliminación del callejero de las citadas calles y renombrar a los espacios Porches de Galicia, plaza de Navarra y calle La Rioja, para vincularlos a las comunidades autónomas y no a militares de la época, razón de su actual denominación.

Estas tres calles tienen referencias geográficas, pero su origen es otro. Navarra, por el tercio de requetés que llegó en apoyo de la sublevación en julio de 1936; Galicia, por la Legión llegada de esa región en septiembre de ese mismo año; y Rioja, por refuerzos falangistas en diciembre del 36.

En cuanto a los alcaldes, los demandantes alegan que Federico Mayo fue capitán en el ejército nacional y primer director del Instituto Nacional de la Vivienda desde 1939 a 1954. Mateo Estaún, alcalde de diciembre de 1936 a enero de 1938, periodo en que declaró contra miembros de la izquierda local fusilados. Lacasa estuvo al frente de la Alcaldía de 1937 a 1947; y Ponz, de 1958 a 1947.

La contestación a la demanda por parte del Ayuntamiento argumentó que el callejero no suponía un enaltecimiento del Franquismo. Alegaba que la denominación de Federico Mayo para un grupo de viviendas estaba justificada porque promovió el grupo de viviendas "de diseño humano y social".

Y en cuanto a los alcaldes se remitía a la costumbre de recompensarlos con una calle en recuerdo de sus servicios, sin que evidencias de su pertenencia al estamento militar, que tuvieran las manos manchadas de sangre o participaran en la represión. Según detalló, Estaún restableció el abastecimiento de agua a la ciudad; Ponz, construyó el todavía en servicio sistema de traída de agua desde Vadiello; y a Lacasa se le debe la reconstrucción de la casa consistorial, el parque de bomberos o el ensanche de la avenida de la Paz.

El pleito tiene su origen en 2020, cuando el Gobierno de Aragón instó al Ayuntamiento a aplicar la Ley de Memoria Democrática. La administración local dictó un acuerdo, objeto de este pleito, que determinaba mantener las denominaciones de tres alcaldes de la época franquista; cambiaba la calle de Federico Mayo por Grupo de Viviendas Federico Mayo; mantenía la placa del patio del ayuntamiento de agradecimiento al Caudillo por la reconstrucción del inmueble; y modificaba la denominación de algunas vías y plazas: la de Navarra pasaría a ser plaza de la Comunidad de Navarra, y a los Porches de Galicia y calle La Rioja se les antepondría también la Comunidad Autónoma.

La decisión fue recurrida ante el mismo Ayuntamiento por los promotores de la demanda, pero en el pleno de enero de 2021 se desestimó la retirada de la placa y de las denominaciones callejeras franquistas, y el caso acabó en los tribunales. Ahora los servicios jurídicos municipales están estudiando la sentencia para decidir qué hacer, indicaron fuentes municipales.

El fallo solo ha estimado parcialmente el recurso, ya que considera que los nombres de Comunidad de Navarra, Galicia y la Rioja no infringen la ley porque la prohibición está relacionada con la denominación de espacios públicos dirigida a militares o políticos no a topónimos, "fueran cuales fueran las razones originales de su elección".

Otras denominaciones predemocráticas de calles quedan pendientes de otro recurso instado ante el Ayuntamiento por las mismas asociaciones y particulares. "Confiamos –concluyen los promotores– que esta sentencia sea tenida en cuenta por los ayuntamientos que mantienen en las placas de sus calles denominaciones contrarias a la memoria y vestigios de la dictadura en cualesquiera de sus manifestaciones, pero también es importante que la considere la Dirección General de Patrimonio, responsable de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, cuya gestión queda muy lejos de lo que determina su articulado y la exigencia de cumplimiento ético y cívico».

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