El condenado por el expolio de Chaves tenía 36 cuentas y un saldo de 1.657 euros
La acusación popular recurre ante la Audiencia de Huesca para evitar que Victorino Alonso se libre de pagar y cumplir condena.
La acusación popular en el caso de la cueva de Chaves intenta evitar que Victorino Alonso se libre de cumplir la condena de dos años de prisión y de pagar la indemnización de 25 millones de euros. La abogada de Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) ha recurrido ante la Audiencia de Huesca el auto de la remisión definitiva de la pena impuesta al empresario minero leonés por ordenar la entrada de una excavadora en la cueva de su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), donde se localizaba el yacimiento neolítico, para construir un abrevadero de cabras.
El juzgado decretó el 12 de septiembre la extinción de la responsabilidad penal sin que haya ingresado en prisión ni pagado. El auto ha sido recurrido por la letrada Pilar Villellas porque cree que Alonso ha ocultado sus bienes y facilitado información inexacta de los mismos, lo que llevó a su declaración de insolvencia.
Según esta acusación, era propietario o socio mayoritario de una veintena de firmas y figuraba en los Papeles de Pandora sobre paraísos fiscales. De hecho, solicitó al juzgado una investigación al respecto, pero esta "se limitó", dice la abogada de Apudepa, a pedir a la Agencia Tributaria los bienes a su nombre. "Sorprendentemente" solo había un saldo de 1.675,53 euros en una de las 36 cuentas compartidas con múltiples empresarios españoles. "Resulta llamativo por no decir sospechoso que el sr Alonso compartiera cuentas con empresarios españoles y que el saldo sea ese", señala en el recurso.
Pero además, destaca, es propietario de Fimbas, sociedad titular de la finca de caza de 1.900 hectáreas, condenada como responsable civil subsidiaria. Esta ni ha abonado los 25 millones de euros que debía pagar al Gobierno aragonés ni ha entregado los terrenos de Bastarás, como prometió, "ni se ha procedido al embargo o a la anotación preventiva del mismo".
La suspensión de la condena a Alonso, que evitó su ingreso en prisión estaba condicionada a que durante tres años no volviera a delinquir, plazo que acaba ahora. Según el recurso, tampoco se ha cumplido ese requisito. En 2019 fue condenado por la Audiencia de León (por un delito cometido en 2017) a dos años y seis meses de prisión por arrasar un monte con una mina a cielo abierto. Además, dice la letrada, "no era un delincuente primario", había cinco sentencias contra él antes de la de Chaves.
Por último, argumenta que el delito contra el patrimonio histórico cometido no es "de segunda" sino un delito "contra toda la sociedad". La cueva de Chaves era un sentamiento neolítico de referencia en España y Europa. En el juicio, los expertos pusieron de relieve el carácter "irreversible e irreparable" de los daños al perderse una información histórica.
