El juez pide información a la Agencia Tributaria sobre las cuentas de Victorino Alonso en el extranjero

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha ordenado investigar la veracidad de las informaciones que vinculan a Victorino Alonso, condenado por la destrucción de la cueva de Chaves, con sociedades opacas en paraísos fiscales. Antes de decidir si mantiene la suspensión de la condena de 2 años de prisión, de la que actualmente disfruta el empresario minero leonés, o la revoca y lo envía a prisión, ha solicitado a organismos oficiales información sobre su patrimonio fuera de España. 

En una providencia del 14 de febrero, el magistrado encargado de ejecutar la sentencia contra Alonso, ordena remitir a la Agencia Tributaria los documentos aportados por el diario El País a fin de que informe si tiene constancia de que Alonso es titular de cuentas corrientes, bienes o activos financieros en el extranjero, propietario o accionista de Neilmar Investments Holding S. A. o percibe ingresos procedentes de sociedades extranjeras, y en qué fechas. 

El conocido como Rey del Carbón por sus negocios mineros fue condenado en 2016 por arrasar el yacimiento neolítico de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su coto de Bastarás (Casbas de Huesca), pero se le suspendió la pena de dos años. Gracias en parte a su insolvencia, pudo eludir la cárcel y el pago de 25 millones de euros de indemnización al Gobierno de Aragón por un delito contra el patrimonio histórico.

Su nombre apareció el pasado mes de octubre en la lista de 600 españoles con sociedades opacas en paraísos fiscales, pese a que se afirmó no tener patrimonio para afrontar la sentencia. El Juzgado pidió la documentación al diario El País, que participaba en el Consorcio de Periodistas de Investigación que desveló los Papeles de Pandora. En estos figura el contrato de una cuenta bancaria, con disponibilidad de 25 a 30 millones de euros, a nombre de Neilmar Investments Honding S. A.; el poder general de esa firma designando a Victorino Alonso García para administrar todos los bienes, gestionar y extraer fondos; y el acta de una reunión de la junta directiva. Todo ello fechado entre 2016 y 2017.

A la vista de los mismos, la acusación popular en el caso de la cueva de Chaves solicitó hace unos días el ingreso en prisión de Alonso, ya que a juicio de la abogada de la asociación de defensa del patrimonio Apudepa, Pilar Villellas, demostrarían que dio información "inexacta e insuficiente" sobre su patrimonio para conseguir la suspensión de la pena. Algo que niega la defensa, que cree que de los documentos "no puede deducirse que sea titular de un patrimonio opaco" ni haya incumplido las condiciones acordadas por el juzgado. Por ello el juez, antes de tomar una decisión, ha decidido enviar los papeles a la Agencia Tributaria para ver si tiene constancia de algún patrimonio de Alonso en el extranjero.

Ofrecen 14 hectáreas como pago en lugar de 1.900

Pasados casi seis años de la condena, todavía no ha sido satisfecha la indemnización de 25 millones de euros. El mismo Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, encargado de ejecutar la sentencia, acaba de confirmar el embargo de la finca de Bastarás para afrontar el pago. En un auto de 11 de febrero desestima el recurso de revisión presentado por Fimbas S. A., declarada responsable civil subsidiaria (es la titular del coto y en ella ejercía como administrador único Victorino Alonso).  

El juez dictó la medida en septiembre, después de años de negociaciones que no fructificaron entre Fimbas y la DGA, pero la sociedad recurrió. Fimbas pretendía el embargo solo de una de las fincas (son 80 parcelas que suman 1.932 hectáreas de los términos municipales de Panzano y Casbas de Huesca). En el auto le recuerda que fue la propia empresa la que ofreció la finca de Bastarás en dación en pago para resarcir los perjuicios, y que ella misma la valoró en 12.665.639 euros. 

Fimbas realizó una segregación parcial y pretendía pagar al Gobierno de Aragón con la nueva finca, que pese a tener solo 14 hectáreas es, a su juicio, "suficiente e idónea" para cubrir la deuda, ya que contiene la cueva de Chaves y otros tres abrigos "con singulares pinturas rupestres". Añade que el embargo total de Bastarás dañaría la actividad económica de la sociedad "de un modo grave" y "desproporcionado".