El fugado Lluís Puig apela a su cargo de diputado para retrasar el juicio de Sijena
A dos semanas de la celebración de la vista en Huesca, el exconsejero de la Generalitat pide que el caso pase al Tribunal Superior de Cataluña por su condición de aforado, ya que pese a estar huido es diputado del Parlament desde 2021.
Cuando faltan solo dos semanas para la celebración del juicio de Sijena, que sentará en el banquillo a los exconsejeros de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluís Puig por desobedecer la orden de entrega de los bienes del monasterio, la vista oral amenaza con volver a retrasarse e incluso con cambiar de jurisdicción. Puig, prófugo de la Justicia española, apela ahora a su condición de aforado (es diputado del Parlament de Cataluña desde marzo del 2021) para solicitar al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El pasado 5 de septiembre, el exconsejero aseguró en su perfil de Twitter que "evidentemente" estaría personado en Huesca. Lo dijo junto a una imagen suya saliendo de la oficina policial de Bruselas con la citación judicial para la vista del 4 de octubre en la mano. No habló entonces de su petición, pero sí su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, que apuntó la nueva estrategia en la misma red social: "Defenderemos tu inocencia con argumentos de fondo y también algunos (importantes) de carácter procesal", señaló.
El letrado ha planteado al Juzgado de lo Penal de Huesca una cuestión de competencia. Según alega, su defendido ostenta la condición de aforado como diputado del Parlament de Cataluña, por lo que procede la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia catalán, al haber sucedido los hechos objeto de enjuiciamiento en esta Comunidad. El delito de desobediencia se refiere a la negativa de Puig y Vila a entregar las obras de Sijena depositadas en el Museo de Lérida, donde finalmente fueron a buscarlas técnicos del Gobierno de Aragón con auxilio de la Guardia Civil y una orden judicial bajo el brazo.
La defensa esgrime que cuando se dictó auto de apertura de juicio oral, el 5 de diciembre de 2019, Puig no ostentaba la condición de diputado, y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para respaldar su petición.
La solicitud al juzgado ha sido trasladada a las otras partes personadas, la Fiscalía y la acusación particular, para que se pronuncien. El abogado Jorge Español, representante del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, cree que es una maniobra dilatoria más, hecha con mala fe, para demorar el juicio, que ya estaba convocado para mayo pero hubo que suspender, a menos de 24 horas, porque Puig no fue citado formalmente.
Español ya ha redactado su escrito de oposición. En último término, de no resultar competente el Juzgado de Huesca, no lo sería el TSJC sino el Tribunal Supremo, afirma. Él sostiene que el delito de desobediencia se cometió fuera de Cataluña, en concreto, en Villanueva de Sijena, "que es el lugar donde se dejó de realizar la acción que le demandaba el Juzgado de Huesca: retornar allí las obras de arte que estaban en el Museo de Lérida".
El abogado de la acusación particular cuestiona además la elección de este momento para plantear la competencia, en vísperas del juicio oral, "con claro abuso de derecho y fraude procesal" para buscar la suspensión de la vista, cuando su situación judicial fuera del país se complica. Recuerda que ha pasado casi un año y medio desde su elección como diputado.
Pero además, añade en sus alegaciones, por su condición de huido de la justicia española, no puede participar ni votar en el Parlamento catalán, como así lo ha sentenciado recientemente el mismo Tribunal Constitucional. "Estamos ante un claro caso de fraude procesal en donde el Sr. Puig Gordi no puede ejercer sus funciones como diputado del Parlament de Cataluña, pretendiendo aquí beneficiarse de ello fraudulentamente y con claro propósito dilatorio", dice, solicitando al juez que rechace la cuestión de competencia.
Puig es uno de los cinco líderes soberanistas huidos tras la declaración unilateral de independencia en 2017 que permanece en el extranjero, prófugo de la Justicia española por la causa del 'procés'. El fiscal pide para él y para Vila por el caso Sijena una multa de 5.940 euros, la indemnización al Gobierno de Aragón por los gastos del traslado de los bienes y, lo que más pesa por su carrera política, la inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años. La acusación particular eleva la pena a 99.000 euros en el caso de Vila y 66.000 en el de Puig. Para afrontar una posible condena, Vila ha tenido que depositar una fianza de 216.000 euros y Puig, de 88.000.
Los hechos se remontan a 2015. Durante dos años, la Generalitat desoyó hasta en cuatro ocasiones las órdenes dictadas por un juzgado de Huesca para que retornara a Sijena casi un centenar de obras de arte, cumpliendo así la sentencia que declaró nula su venta al Gobierno catalán. Las primeras las recibió Vila y el último requerimiento, en junio de 2017, fue notificado a Puig, que había tomado el relevo en la consejería.
