La DGA tendrá que pagar 48.000 euros por alimentar un año a 23 perros decomisados
El Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca se han enfrentado en los tribunales por ver quién asumía la factura de la estancia en la perrera de los animales, presuntamente maltratados por su dueño en Ibieca pero que finalmente le fueron devueltos al archivarse la causa penal.
La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón tendrá que abonar los 48.064 euros que ha costado mantener durante un año a 23 perros bajo custodia judicial en el Centro de Recogida de Animales de Huesca. El juzgado número 3 de la capital oscense ordenó retirarlos a su dueño, un vecino de Ibieca, por presunto maltrato, aunque el proceso penal se ha archivado y finalmente se los han devuelto.
El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, responsable del centro de recogida, discrepaban sobre quién debía hacerse cargo de la manutención de los 23 canes y acabaron pleiteando. Ahora el Tribunal Superior de Justicia le da la razón a la institución provincial y ordena a la DGA abonar los 48.064 euros que ha costado la manutención, más los intereses legales, y le impone las costas del pleito. Estima así el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación cuando la Dirección General de Justicia de la DGA se negó a abonarlos al considerar que debían correr por cuenta de la perrera, que es donde el juez decidió depositarlos.
El juzgado ordenó el decomiso e intervención cautelar de los perros y su traslado al centro de recogida en agosto de 2019, a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra su propietario por presunto maltrato y por el peligro que representaban para los vecinos al andar sueltos por la calle, ya que estaban "sin identificar, sin control sanitario y sin una alimentación adecuada". Eran 21 animales, pero durante su estancia en la perrera nacieron otros dos. Al dueño se le retiró provisionalmente la tenencia, guardia y custodia. No se podían dar en adopción, como se hace habitualmente con otros animales abandonados, ya que seguían siendo de su propiedad y los reclamaba.
Los perros llegaron al centro en agosto de 2019 y salieron de él en el verano de 2020. Las diligencias penales contra el dueño se archivaron porque no se pudo acreditar delito alguno contra él. Por lo tanto tampoco se le podían repercutir los costes del proceso. Se los pudo llevar después de casi un año, tras sumar una factura de 48.064 euros en cuidados y alimentación.
La Diputación Provincial decidió repercutir los gastos a la Comunidad Autónoma al ostentar la competencia sobre los medios materiales de la administración de Justicia, tal y como señala el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el Gobierno de Aragón se negó alegando que el juez los depositó en un centro de la Diputación y que son las entidades locales las responsables de atender a los animales en caso de abandono.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió el pasado 7 de abril el litigio estimando el recurso de la Diputación. Concluye que, lo mismo que cuando hay que aportar de oficio un intérprete o se ordena el depósito judicial de un vehículo, le corresponde asumirlo a quien tiene la responsabilidad de la administración de Justicia, como ha reconocido el Tribunal Constitucional. "Ello no cambia por el hecho de que las corporaciones locales tengan la competencia en el decomiso de animales", señala. Es la autoridad judicial la que ordena el depósito y si el procedimiento penal no acaba en condena, es un gasto propio de la administración de Justicia y por lo tanto "la DGA debe asumir el coste".
El elevado número de animales decomisados en Ibieca llegó a desbordar el centro de recogida, con capacidad entonces para 49. Lo gestiona una empresa, que tuvo que adoptar medidas extraordinarias, como acelerar las adopciones (cada año salen de aquí más de 350 perros, muchos al extranjero) y recurrir a asociaciones protectoras, para dejar espacio libre. Los canes decomisados en Ibieca no podían ser dados en adopción al estar bajo un procedimiento judicial, y aunque el juzgado instó al propietario a cederlos, no dio permiso.
