Una condena de 7 años por maltratar a su familia en Huesca se queda en un curso de violencia de género y 1.530 euros de multa
El Juzgado le reclama el pago tras negarse a realizar los 510 días de trabajos sociales que le impuso a cambio de librarse de la cárcel. La víctima ha recogido 100.000 firmas de apoyo para que su ex no pueda volver a visitar a sus hijos.
Un hombre condenado en Huesca a siete años de cárcel por maltrato habitual a su mujer y sus tres hijos cuando tenían 6, 9 y 11 años no solo se librará de la prisión sino que podrá conmutar la pena finalmente por un programa formativo de violencia de género y una multa de 1.530 euros. Y es que incluso se ha negado a realizar los 510 días de trabajos en beneficio de la comunidad que le impuso el Juzgado de lo Penal nº1 a cambio de suspenderle la pena de prisión. En caso de no abonar el dinero en 10 días, sí ingresaría en la cárcel.
La exmujer del condenado, Paloma Delgado, considera que la decisión judicial es "una burla y un desprecio hacia el valor de la infancia perdida de mis hijos tras más de diez años de maltrato". Y pide ayuda para evitar que su exmarido pueda recuperar el régimen de visitas con sus hijos el próximo mes de diciembre. "No podemos permitir que esos suceda", clama. De momento ha recabado más de 100.000 firmas de apoyo en la plataforma change.org pero la Justicia ha rechazado hasta ahora todos sus recursos.
El Juzgado nº 1 de lo Penal declaró probados el 23 de enero de 2019 los continuos menosprecios por parte de Luis Irzo, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Huesca, a su esposa en presencia de sus hijos (recogidos en 18 horas de grabaciones) "con gritos y actitud agresiva, insultante e intimidatoria". En el domicilio familiar sometía a los menores a un clima de dominación, insultos y constante agresividad "con actos de violencia física y verbal que excedían del derecho de corrección".
Por todo ello, fue condenado por cuatro delitos de violencia doméstica habitual, castigados cada uno con un año y nueve meses de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su familia durante cuatro años, así como la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por cinco años; un delito de violencia doméstica contra su hijo mayor, penado con 40 días de trabajo social y la prohibición de acercarse a él durante dos años; y un delito de injurias leves con 20 días de trabajo social. Una vez confirmada por el Supremo, el juzgado atendió la petición de la defensa -sin que el fiscal se opusiera- y suspendió el cumplimiento de la condena de prisión por carecer de antecedentes y ser las penas menores de dos años al considerarlas individualmente. La acusación particular se mostró en contra por su conducta de "nulo arrepentimiento".
Paloma Delgado relata que su "pesadilla" empezó a los pocos meses de casarse "porque el que parecía el novio ideal se convirtió en mi maltratador y con el tiempo, también de mis hijos". Asegura que la violencia física y psicológica se convirtió en algo habitual "y mi vida y la de mis hijos empezó a correr un riesgo extremo mientras estuviéramos cerca de él" hasta que en 2016 le denunció.
Desde que su exmarido fue condenado, se ha reunido con partidos políticos, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, y ha escrito al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial e incluso a la ONU "y aun así, mis hijos siguen en peligro porque después de tantos años, no hay duda de que un maltratador no es un buen padre, pero ya un maltratador condenado no arrepentido y que se aprovecha del sistema riéndose de todos los que lo sustentamos , mucho menos", denuncia.
Paloma Delgado pide que las penas de los maltratadores hacia su pareja y sus hijos no se computen de forma individualizada sino acumulada y que no se puedan aplicar beneficios penitenciarios de esta índole sin el menor arrepentimiento. "Destrozar las vidas de tus hijos no puede quedar en una cómoda multa de 1.530 euros", critica.
