La DPH reclama 28.000 euros sin justificar al diputado Cristian Royo (Cs)
La asignación de la DPH al grupo de Ciudadanos en 2021 ascendió a 91.500 euros, pero solo se ha acreditado el gasto de 62.506.
Las sospechas sobre supuestas irregularidades contables en el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Huesca no paran de crecer. Su único diputado, Cristian Royo, no solo no justificó 1.200 euros correspondiente a cinco operaciones en el mes de enero de 2022, lo que le ha costado la suspensión de militancia mientras su partido tramita un expediente por falta muy grave, sino que hay dudas sobre las cuentas de todo el ejercicio de 2021, ya que no ha podido acreditar el gasto de una tercera parte de la aportación realizada por la institución al grupo Mixto-Ciudadanos.
De los 91.500 euros asignados para gastos de mantenimiento, solo ha acreditado correctamente ante Intervención 62.506,3 euros, por lo que deberá reintegrar el resto, 28.993,67, de cuyo destino no ha dado razón hasta ahora. Así lo determina el decreto firmado el pasado 3 de marzo por el presidente, el socialista Miguel Gracia, con la liquidación de las subvenciones de 2021, que incluyen las aportaciones a los grupos políticos.
Cristian Royo es la única persona autorizada para realizar movimientos de estas cuentas. Ciudadanos, como el resto de grupos, dispone de una asignación fija anual de 21.200 euros; otra variable por diputado de 5.300 €, para gastos generales, y una tercera por tramos, para personal y prestaciones de servicios, de 65.000 € para aquellas formaciones entre 1 y 4 diputados. Su asignación es prácticamente la misma que el grupo del PAR, con tres diputados, que solo cobra 10.600 euros más.
Los casi 29.000 euros suponen un agujero importante. El PAR y el PP han cerrado a cero el ejercicio de 2021 y el PSOE ha devuelto 5.000 euros porque no realizó el gasto del global asignado.
Royo recibió hace varios días la notificación del decreto que le obliga al reintegro del importe no justificado Ahora tiene un plazo, hasta finales de abril, para aportar nuevas facturas de 2021 que no hubiera podido entregar o para devolver los 28.993 euros. En caso contrario, la Diputación se cobraría esa cantidad de las entregas trimestrales al grupo en 2022, de las que dependen las nóminas de dos empleados.
Royo ya tiene un expediente abierto en su partido, por una falta muy grave, a raíz de movimientos no transparentes en las cuentas del partido en la Diputación correspondientes a enero de 2022. Cs ha reconocido que el pasado 10 de febrero tuvo conocimiento de "posibles irregularidades" contables. La Secretaría de Acción Institucional se puso en contacto con el diputado dándole como fecha límite el 28 de febrero para justificarlas. Pasado el tiempo, no ha contestado y como medida cautelar lo ha suspendido de militancia.
Lo que lo ha llevado ante el Comité Ético son cinco movimientos en ese mes objeto de investigación. En dos de ellos a través de la disposición de efectivo, y en otros tres, por transferencias. Fuentes de Ciudadanos han especificado que el primero, del 10 de enero, es por importe de 200 euros, sin causa justificada. Otro el día 17 del mismo mes, por transferencia, de 300 euros. El tercero, el 19, por 150 euros. En estos casos supuestamente para material informático. El cuarto es del 22 de enero, 300 euros para una cuña de radio. Y el quinto, otra transferencia, sin fecha, de 250 euros.
Desde que trascendió la apertura del expediente, Royo no ha contestado a las reiteradas llamadas de este periódico. Su caso podría acabar, según la formación, con su expulsión de Ciudadanos, que no descarta llevarlo a los tribunales.
Si se niega a dimitir, se disolvería el grupo mixto, del que es portavoz y único miembro, este perdería la asignación y él, el sueldo, ya que pasaría a ser miembro no adscrito. En lugar de cobrar una nómina de 42.493 euros anuales (tiene dedicación exclusiva) pasaría a percibir solo dietas y una aportación por asistencia a comisiones y plenos. Fuentes de la institución aseguran que en los últimos meses apenas acude a las reuniones de la junta de portavoces o las comisiones informativas, sí a las sesiones plenarias.
