Urbanismo respalda la moratoria de Jaca y Sabiñánigo a los parques solares
El Consejo Provincial da la razón a los ayuntamientos y niega el permiso a 16 proyectos que ocuparían 464 hectáreas. Su postura contrasta con los informes de la consejería de Industria.
Los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo han recibido un importante espaldarazo en su decisión de suspender cautelarmente las licencias a los parques fotovoltaicos hasta la modificación de sus planes urbanísticos, para establecer límites al aluvión de solicitudes de renovables. El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca avaló este miércoles la moratoria aprobada por los dos y denegó la autorización a 16 proyectos. Esto podría sentar un precedente para otros municipios que han seguido el mismo camino.
En la reunión del órgano consultivo, todos sus miembros respaldaron la propuesta de los técnicos, también unánime, según la cual "no resultan autorizables urbanísticamente" mientras esté en vigor la suspensión cautelar de licencias o se apruebe inicialmente la modificación de sus respectivos Planes de Ordenación Urbana (PGOU). En Sabiñánigo la moratoria de un año vence el 8 de marzo y en de Jaca, el 17.
El dictamen fue el mismo para todas las solicitudes. Los 9 proyectos de Sabiñánigo supondrían ocupar con placas solares más de 250 hectáreas. Siete los promueve Enerland Generación Solar y los otros La Andana Sostenible y Meseta y Sol. Se suma una línea de evacuación hasta la subestación de este municipio.
A Jaca afectan otros cuatro proyectos, con 214 hectáreas, promovidos por Salix Energías Renovables, SE Ain Solar, Solar Alto Gállego y Montaña Solar. Se analizaron dos líneas de alta tensión para evacuar la energía producida entre Sabiñánigo y Biescas y entre Jaca y Sabiñánigo.
Fue el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el que solicitó al Consejo Provincial de Urbanismo un informe previo, que es vinculante. Este consultó a los ayuntamientos al saber que los plenos habían acordado la suspensión de las licencias urbanísticas y ambientales para la implantación de instalaciones de producción de energía. Comprobó que las solicitudes de las promotoras se produjeron después de las moratorias y por lo tanto quedaban afectadas por los acuerdos plenarios.
El informe técnico de Urbanismo se remite a la doctrina jurídica para señalar que la suspensión de licencias es "una técnica cautelar cuyo objeto consiste en asegurar que, mientras se elabora, tramita y aprueba un plan, no se produzcan actos de aprovechamiento del suelo amparándose en la ordenación aún vigente pero en trance de sustitución". Avala el uso de este mecanismo y resuelve que la suspensión determina la no tramitación de solicitudes en tanto subsista la moratoria.
Los alcaldes de Sabiñánigo y Jaca mostraron su satisfacción al conocer el dictamen, "coherente" con la decisión de sus ayuntamientos y que desmiente el informe que recibieron del departamento de Industria del Gobierno de Aragón, según el cual carecían de competencias en la materia. Esta advertencia hizo incluso rectificar a algunos ayuntamientos, como el de Fraga. El propio consejero, Arturo Aliaga, avisó de que la negativa a dar licencias les podía acarrear problemas legales.
El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha anunciado que antes de la finalización de la moratoria estará aprobada la modificación del PGOU. No concretó en qué sentido marcará la pauta a los parques, "pero habrá zonas de exclusión en virtud del impacto paisajístico". Se ha hecho un estudio a este respecto y un proceso de participación ciudadana para definir la nueva normativa.
Una de las empresas promotoras ya ha iniciado un pleito contra el Ayuntamiento por no darle licencia, asegura Ramón, quien advierte de que en caso de que el Gobierno de Aragón declare un proyecto de interés general pasaría por encima de la normativa municipal.
"Es bueno saber que nos respaldan las instituciones que tienen competencias y que refuerzan la posición que hemos mantenido los ayuntamientos para ordenar el uso del suelo en nuestros municipios", ha declarado la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández. Han informado hasta ahora negativamente las peticiones, amparándose en la moratoria, y prevén que el asunto acabe en los tribunales. En su caso también se ultima la modificación del PGOU para ajustar las distancias de los parques a los pueblos, su tamaño y acordar medidas para limitar el impacto paisajístico.
