pleno de las cortes de aragón
La oposición reclama a Aliaga que ponga "orden" en el desarrollo de las renovables
El vicepresidente aragonés asegura que se cumple la planificación y confirma que va a reforzar el control ambiental con la contratación de cuatro ingenieros.
Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón han reclamado este jueves al vicepresidente, Arturo Aliaga, que "ponga orden" en el desarrollo de las energías renovables ante la acumulación de parques eólicos y fotovoltaicos en construcción y los centenares que aún están en fase de tramitación. De la misma forma, han exigido el máximo celo en la supervisión y seguimiento medioambiental de los 5.000 megavatios en servicio.
Los portavoces de Industria del PP, Ciudadanos, Vox e IU han respaldado la apuesta por la descarbonización, pero han subrayado la creciente oposición a los megaproyectos y han instado a evitar que "la solución se acabe convirtiendo en un problema". Además, han abogado por atraer la actividad industrial para generar empleo estable y no exportar la producción para que beneficie a otras autonomías sin sufrir el impacto que conlleva.
El debate se ha generado en el pleno de las Cortes a raíz de una comparecencia, a petición propia, del también consejero de Industria, Arturo Aliaga, para dar cuenta de la situación del sector y de las actuaciones acometidas en el ecuador de la legislatura.
El diputado popular Juan Carlos Gracia ha dejado muy claro que su grupo está a favor de las renovables, pero con una instalación "ordenada que respete el entorno natural y el patrimonio turístico", sin saltarse la autonomía municipal "y a poder ser" con consenso.
En este sentido, ha reclamado a Aliaga que fije plazos para la ordenación territorial de las renovables, de modo que Aragón deje de ser "una barra libre para las empresas", con una implantación masiva y la mayor acumulación de expedientes del país, con más de 470 proyectos en tramitación. Y ha recordado que se produce más energía de la que se consume, hasta el punto de que el 47% se exporta a otras autonomías.
Igualmente, ha criticado que el cuatripartito haga anuncios y aún no se haya concretado la llegada comprometida de empresas tras el fin de la térmica ni firmado el convenio para la transición justa.
La diputada de Cs Jara Bernués ha planteado la necesidad de una participación ciudadana en la planificación y la limitación de distribución de energías renovables en el territorio. "O se ataca de diferente manera las zonas ambientales o no habrá forma", ha dicho antes de lamentar que Aragón produzca el 120% de energía renovable y la exporte a Cataluña, Navarra y País Vasco, donde no sufren las afecciones.
De la misma forma, ha cuestionado "la falta de planificación" en la ordenación del territorio con las líneas de muy alta tensión para evacuar la energía, como la cuestionada Laluenga-Isona.
La representante de Vox, Marta Fernández, ha incidido en que se va a duplicar la potencia eólica y multiplicar por ocho la fotovoltaica. Y ha añadido que, a su juicio, "no es de recibo desde un punto social y técnico" que se pretendan construir ahora líneas de muy alta tensión para exportar la producción a otras autonomías. "Nos toca soportar una vez más el impacto negativo y los de siempre se van a beneficiar", ha dicho.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha ido más lejos y directamente ha hablado de "expolio" y ha sostenido que la implantación de las renovables se está haciendo «sin ningún tipo de planificación y respeto al territorio». Por ello, ha reclamado una visión integral para evitar que Aragón se convierta en una mera exportadora de energía "sin fijar desarrollo" en el territorio.
El vicepresidente aragonés ha negado la mayor al señalar que está trabajando en el nuevo plan energético tras haber cumplido con creces el anterior (2012-2020), en el que se marcó la implantación de 4.000 megavatios de eólica que se ha superado.
Aliaga ha indicado que la Consejería tiene competencias en gestión y planificación energética y las están ejerciendo de forma "estricta" en medio de un cambio de modelo productivo y energético.
Al respecto de la vigilancia ambiental de las instalaciones, ha señalado que cada cuatro meses se supervisan y controlan los informes. "Cuando hay más afección, se crea una comisión de seguimiento de los parques. Y vamos a contratar a cuatro ingenieros para controlar que se cumplen escrupulosamente las condiciones de las declaraciones de impacto", ha informado.
Los diputados del cuatripartito han respaldado la gestión, pero eso no ha evitado que tanto Marta Prades (Podemos) como Isabel Lasobras (CHA) hayan aludido a la "alarma social" por los grandes proyectos en tramitación y a la necesidad de un mapa de ordenación. Mientras, Jesús Guerrero (PAR) ha destacado a que la responsabilidad es compartida con otras instancias y administraciones y Leticia Soria (PSOE) ha lamentado que algunos se centren "más en los problemas que en las soluciones". Y se ha referido a los "límites infranqueables", escuchar al territorio y respetar la autonomía municipal y todas las disposiciones medioambientales.
