Fraga da marcha atrás a la moratoria a las placas solares tras la advertencia de la consejería de Industria
El Ayuntamiento no oculta el malestar por esta "amenaza", que no ha convencido a Aínsa, Jaca o Sabiñánigo.
La advertencia de la consejería de Industria sobre la ilegalidad de las moratorias municipales a los parques fotovoltaicos y eólicos, ha hecho rectificar a algunos ayuntamientos, pese a considerarla "una amenaza". Sin embargo, la mayoría sigue adelante asegurando que las consultas jurídicas realizadas respaldan su capacidad para aplicar esta medida.
Fraga es uno de los que ha dado marcha atrás a su decisión de suspender durante un año la concesión de nuevas licencias para la instalación de proyectos de energía fotovoltaica, después de las advertencias lanzadas desde la consejería de Industria. Primero, de palabra, a través de su máximo responsable y vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, y después, por escrito, a raíz de la consulta realizada previamente por el propio consistorio.
Aliaga ya avisó este verano que los ayuntamientos que denieguen la licencia de obras a proyectos de parques de renovables que cuenten con todas las bendiciones administrativas pueden incurrir en responsabilidad patrimonial.
En julio, junto a otros miembros de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la alcaldesa de la capital del Bajo Cinca, Carmen Costa, se reunió con el consejero y, tras el encuentro, al igual que otros ayuntamientos, entre ellos el de Jaca, decidió realizar una consulta por escrito al departamento de Industria, que, según se explicó en el último pleno, respondió instando al Ayuntamiento de Fraga a dejar sin efecto la moratoria.
La DGA alegó que las instalaciones de producción de energías renovables están declaradas "de interés económico general y utilidad pública" y que los municipios "carecen de competencias" en materia de energías renovables sujetas a autorización previa de las administraciones autonómicas o del Estado.
Los ayuntamientos, sin voz ni voto
El alcalde en funciones, Santiago Burgos, recordó que la moratoria, aprobada en mayo, buscaba disponer de tiempo para "ordenar y regularizar" este tipo de instalaciones y compatibilizar su existencia con el respeto a las actividades agroganaderas así como al cuidado del entorno natural. De hecho, cuando se aprobó, ya había recibido doce solicitudes que ocupaban unas 1.200 hectáreas de terreno.
Burgos no ocultó su malestar con las "amenazas" lanzadas por Aliaga y mostró su desacuerdo con el hecho de que un ayuntamiento "no pueda ordenar ni regular su propio territorio". "Sinceramente -añadió- creemos que es importante una ordenación para que los parques fotovoltaicos sean compatibles con el medio natural, pero parece ser que el Gobierno de Aragón no quiere que los ayuntamientos tengan ni voz ni voto en este asunto".
En su tramitación, la moratoria ya se encontró con la oposición de un grupo de unos 30 propietarios de terrenos, que hablaban de "un perjuicio económico directo", al ver peligrar los proyectos previstos sobre sus tierras.
Los que siguen adelante
Por contra, otros municipios han decidido continuar. "No la vamos a retirar", afirmó tajante la teniente de alcalde de Jaca, Olvido Moratinos. Es más, se ha iniciado un proceso de participación con los 33 pueblos del municipio y los habitantes de la ciudad para regular la instalación de renovables en el Plan General de Ordenación Urbana. Moratinos sí es consciente de que en caso de que la DGA declare un parque de interés social, "lo tendríamos que asumir".
Tampoco Sabiñánigo, uno de los primeros en establecer la moratoria, rectificará. "Seguimos adelante", dijo su alcaldesa, Berta Fernández, quien conoce la existencia de la notificación de Industria, "aunque a nosotros no nos ha llegado". También este ayuntamiento está manteniendo reuniones con colectivos sociales, ecologistas, empresas y propietarios de tierras "para tomar una decisión más ajustada a la hora de regular la instalación de parques".
Aínsa, por su parte, defiende la legalidad de la moratoria aprobada. "Hicimos una consulta a la Comisión Provincial de Urbanismo y lo tienen claro. Nadie de la DGA nos ha dicho que no sea legal", declaró su alcalde, Enrique Pueyo. Este ayuntamiento aprobó en marzo el aplazamiento de las licencias, "que nadie ha recurrido", y ahora está tramitando la modificación del PGOU para incorporar la prohibición de los parques de renovables.
Enrique Pueyo también mostró su malestar por la "presión" a los ayuntamientos por parte de la consejería de Industria. No es la primera, añadió. Ya tuvo que escuchar los reproches de la directora general de Turismo cuando se aprobó la moratoria de viviendas turísticas, cuya legalidad también se cuestionaba desde la DGA. La razón de la suspensión durante un año de las nuevas licencias de estos alojamientos, mientras se estudia cómo regularlos, era tratar de garantizar una oferta suficiente de pisos a precios asequibles a los trabajadores que quieren asentarse y a las parejas jóvenes del municipio.
También Huesca tiene aprobada la suspensión cautelar de licencias urbanísticas y ambientales para la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos en el término municipal hasta adaptar el PGOU.
