Torla y Fanlo, condenados a entenderse en la pista más disputada del Parque Nacional
El camino de Las Cutas se rige por un plan experimental de 1996 que según revela un informe legal está caducado. El acceso a los mejores miradores de Ordesa acabó incluso en los tribunales.
Los municipios de Torla y Fanlo están condenados a entenderse, si quieren seguir explotando turísticamente la pista forestal más codiciada y disputada de Ordesa. Tras dos décadas de conflicto, en las que no han faltado los pleitos y las barreras para cerrar el camino, el Patronato del Parque Nacional acordó en su última reunión que ambos ayuntamientos negocien y se pongan de acuerdo sobre la gestión futura, contando también con Broto. Tienen de plazo hasta el próximo patronato, en junio del 2022.
La pista de las Cutas, de uso restringido, bordea el Parque, asciende a 2.000 metros y recorre cuatro miradores sobre el valle de Ordesa. El camino forestal va de Torla a la de Nerín (Fanlo), por la zona periférica del espacio protegido y por lo tanto está sometido a un régimen jurídico de protección. La construyó el Icona entre los años 1976 y 1984 para el uso ganadero y forestal, pero su privilegiada ubicación derivó en un aprovechamiento turístico regulado en 1996 a través del denominado Programa Experimental de Uso Público de las Cutas, un ‘experimento’ que ya dura 26 años.
Gracias al mismo, se permite a Torla dar licencia de tránsito a taxis todoterreno para llevar a turistas mientras Fanlo explota un autobús. Este municipio se queja de que el plan beneficia más al vecino, con más usuarios, ya que en él están centralizados los servicios del parque.
El Ayuntamiento de Fanlo intentó una regulación unilateral, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ordenó en 2010 retirar la barrera colocada diez años antes, y en 2012 echó abajo una ordenanza para regular la pista con un peaje para los vecinos y los taxistas de Torla. En ambos casos, los jueces fundamentaron el fallo en el plan experimental aprobado por los municipios y el parque mediante un convenio de colaboración.
Fanlo, que intenta recuperar su dominio sobre el camino, pidió asesoramiento legal a la Diputación de Huesca, cuyos servicios jurídicos, en un reciente informe, concluyen que el plan de acceso de vehículos de servicio público autorizados ha caducado al haber transcurrido 25 años de vigencia, y cualquiera de las partes puede instar su denuncia y extinción.
El documento constata un problema legal en ese acuerdo regulatorio: no contempla plazo ni duración, tampoco mecanismos de seguimiento o control, obligatorios desde 2015 en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Fanlo cree que esto le abre la puerta a instar el cese de vigencia del plan.
"Borrón y cuenta nueva"
"Borrón y cuenta nueva", dice el alcalde de Fanlo, Horacio Palacio, partidario de redactar un nuevo convenio, porque el actual "ha caducado" y "vulnera las competencias municipales en transporte de viajeros". "El parque puede informar sobre medidas medioambientales (número de vehículos o personas), al estar la pista en zona periférica, pero no puede decirle al municipio de dónde tiene que ser el vehículo", señala.
Su idea es que los dos municipios sigan compartiendo la explotación, "pero en igualdad de condiciones". El alcalde recuerda que los miradores están en su totalidad en su término y lamenta que los réditos de la explotación no sean equivalentes, ya que Torla hace más viajes porque tiene una situación "de privilegio, aunque no es su culpa", en alusión a que concentra los principales equipamientos del parque y por lo tanto la mayor afluencia de turistas. "Si los miradores son tuyos, la pista la arreglas tú, pero resulta que la gente sube por otro lado...", apostilla Palacio. Admite que el error fue ir contra Torla y no contra el Parque Nacional, "que vulnera nuestros derechos". "Nunca más firmaré un plan sin fecha de caducidad".
Por su parte, el alcalde de Torla, Miguel Villacampa, esperará hasta ver el acta del patronato del parque, reunido el pasado 9 de diciembre, para ver cuál es el acuerdo, "y a partir de ahí podremos hablar". Cree que el origen del conflicto está en el desacuerdo de una de las dos partes y apela a las sentencias contrarias a las medidas adoptadas por Fanlo. "Tenemos que negociar, sí, pero no sabemos aún en base a qué", concluye.
Broto también quiere entrar en el acuerdo. Este ayuntamiento tiene regulada una pista, la de Las Cañas, con una máquina expendedora de tiques y servicios de taxis que llegan a 300 metros de las Cutas. Desde aquí los turistas deben proseguir a pie, unas dos horas, hasta los miradores de Ordesa, pues Broto no tiene permiso para el tránsito rodado. "Hace años que ya solicitamos poder entrar", comenta la alcaldesa, Carmen Muro, quien también quiere aprovechar el tirón de la pista con mejores panorámicas y más codiciada de Ordesa.
