El municipio de Fanlo restringe el uso de sus pistas e impone peajes de hasta 3.000 € al año

Circular por las pistas de Fanlo, en la zona periférica del Parque Nacional de Ordesa, no saldrá gratis. El Ayuntamiento tramita una normativa que obliga a contar con una autorización por utilizar su red de pistas y establece peajes de hasta 3.000 euros al año. La ordenanza ha desatado la polémica, empezando por las quejas del vecino municipio de Torla-Ordesa, que comparte con él la pista de las Cutas, uno de los principales accesos que bordean el espacio protegido y fuente de conflictos desde 2001. "Cada vez que un vecino de Torla quiera pasar por aquí tendrá que pagar 15 euros", denunció ayer su alcalde.

La Ordenanza Fiscal y Reguladora de las Pistas y Caminos de Fanlo, en exposición pública desde el 9 de julio, regula su uso y disfrute y su conservación. Establece caminos "de uso común especial", aquellos de mayor tránsito, sujetos a una autorización previa que se otorga en la oficina municipal y al pago de tasas. Los permisos podrán ser permanentes (por ejemplo, a propietarios de fincas con acceso desde las pistas) o temporales, dirigidos a empadronados, arrendatarios de inmuebles, ganaderos de fuera del pueblo, cazadores o empresas turísticas. Por supuesto, quedan excluidos de tener que pedir autorización los guardas del parque o los servicios de seguridad y emergencias.

El peaje por entrar en los caminos va de 100 a 3.000 euros al año. La cuota es de 300 euros para personas empadronadas u ocupantes de segunda residencia con más de 180 días en el municipio que no sean propietarios de fincas con acceso por las pistas; mientras que para ganaderos de fuera o los cazadores es de 100 euros. La más elevada corresponde a particulares o empresas que utilicen las sendas con fines lucrativos, como servicios turísticos o visitas guiadas al Parque.

No obstante, la tasa más polémica se refiere a la obligación de los vehículos privados de pagar 15 euros diarios si utilizan los accesos para realizar servicios, obras y estudios, "así como los vecinos de Torla"que no estén en el supuesto que regula el negocio turístico. El régimen sancionador oscila entre los 150 euros de la falta leve y los 1.800 euros de la muy grave.

El alcalde de Fanlo, Horacio Palacio (PAR), justificó la regulación porque son caminos muy frecuentados y es muy caro conservarlos. Es consciente de que provoca "un gran rechazo social", pero aclaró que "protesta sobre todo el que viene de la ciudad". "Lo hemos hecho porque dábamos permiso de paso a todo el mundo y se hacía un mal uso. Llegaremos hasta donde podamos legalmente". Eso sí, anunció la modificación de algunos artículos ambiguos, por ejemplo el que hacía referencia a las restricciones para vehículos a motor o no. Tras la protesta de los ciclistas, el alcalde dejó claro que solo se requerirá autorización y tasa para los primeros.

Según Horacio Palacio, la ordenanza está orientada sobre todo a regular la pista de las Cutas, "la más frecuentada y la más cara de mantener". A 2.150 metros de altitud es un mirador privilegiado sobre Ordesa. "Si dejáramos pasar y pusiéramos una máquina como en Tella se concentrarían hasta 400 coches en un día". Las Cutas es fuente de conflicto entre los dos municipios desde el año 2001, cuando Fanlo colocó una barrera. Distintas sentencias han dado la razón al primero e impiden imponer restricciones. "Nos tenemos que poner de acuerdo en la gestión de la pista porque es de los dos", aseguró el alcalde de Torla-Ordesa, Miguel Villacampa, quien dijo que las discrepancias vienen de lejos y es un asunto "enquistado". De momento, este ayuntamiento ha presentado alegaciones a la ordenanza pero está dispuesto a acudir de nuevo a los tribunales.

El Partido Popular de la comarca de Sobrarbe, al que pertenece Villacampa, mostró ayer su desacuerdo. Entiende que haya que preservar los caminos, pero cree que atenta contra los intereses de los municipios vecinos e impone trabas a la actividad ganadera y a la turística. En una nota de prensa, los populares señalan que hay más de 55 kilómetros de caminos de uso público municipal que pasarán a ser de "uso común especial". Califica la normativa de "poco solidaria" con el resto de la comarca y confía en que las alegaciones de ayuntamientos, asociaciones y empresas afectadas sean tomadas en consideración.