destrucción de la CUEVA DE CHAVES

El juez embarga el coto de Bastarás por 25 millones para ejecutar la sentencia contra Victorino Alonso

El Gobierno de Aragón podrá inscribir la finca de caza a su nombre cinco años después de la condena contra el empresario minero. Fimbas S. A., titular de las casi 2.000 hectáreas y responsable civil subsidiaria, es la que  afrontará con sus bienes la indemnización por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves.

Victorino Alonso, entrando en el Palacio de Justicia de Huesca en 2017
Victorino Alonso, entrando en el Palacio de Justicia de Huesca en 2017
Rafael Gobantes

A punto de cumplirse cinco años de la condena contra el empresario minero leonés Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves, ubicado en su coto de Bastarás, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha decretado el embargo de esta finca de caza de casi 2.000 hectáreas a favor del Gobierno de Aragón para cubrir la indemnización de 25 millones de euros, más 7 millones de intereses, acordada en la sentencia. 

Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón, fue condenado el 9 de noviembre de 2016 a dos años y medio de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, aunque se ha librado de entrar en la cárcel. También de pagar la indemnización al conseguir la declaración de insolvencia. Es la sociedad en la que ejercía como administrador único, Fimbas, propietaria del coto, la que debe afrontar la indemnización como responsable civil subsidiaria. 

El juzgado dictó el pasado miércoles un auto de ejecución penal determinando las cantidades a pagar en concepto de indemnización, 25.445.381 euros, a lo que se sumarían 7.633.614 euros para hacer frente a los intereses que en su caso puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta. La resolución es firme y no cabe recurso alguno contra la misma. 

Junto a este auto, ha dictado un decreto para el embargo de los bienes de Fimbas hasta cubrir esas cantidades en el que hace una relación de todas las parcelas de su titularidad en los términos municipales de Panzano y Casbas de Huesca.

El magistrado recuerda un auto anterior, del 25 de enero de este año, en el que requirió a Fimbas el abono de la indemnización, "sin que hasta la fecha haya procedido al pago de cantidad alguna". Actualmente solo consta como satisfecha la cantidad de 45.423 euros, lo que representa un 0,17% del total. 

La orden ejecutoria responde a un escrito dirigido al juzgado el pasado 5 de agosto por los servicios jurídicos de la DGA en los que lamentaban el tiempo transcurrido sin haber recibido ninguna notificación sobre la entrega de la finca de Bastarás como pago de la indemnización, para poder inscribirla a su nombre. El letrado de la administración autonómica volvió a solicitar el cumplimiento del fallo y que se dictara el embargo de la finca propiedad de la sociedad Fimbas. Reclamaba una resolución judicial que permitiera a la administración autonómica tomar posesión de la misma para "acabar con una demora que perjudica al Gobierno de Aragón y deja impune al condenado y al responsable civil subsidiario".

El empresario minero fue sentenciado en 2016 a dos años y medio de prisión, pero la Audiencia rebajó la pena a dos años por dilaciones indebidas. Finalmente le fue suspendida la condena y se libró de ir a la cárcel al no ser superior a 24 meses y no tener antecedentes cuando ocurrieron los hechos en 2007. La condición era no volver a delinquir en tres años. 

Inicialmente esta sociedad ofreció como dación en pago la finca de Bastarás, que ella misma había valorado en 12 millones de euros. La DGA llegó a aceptar la propuesta como última opción, pese a diferir en la tasación. Sin embargo, la transmisión nunca se formalizó. En 2019, la negociación entre las dos partes dio un giro radical. Fimbas se echó atrás y, en lugar de ofrecer toda la finca para cancelar la deuda, propuso ceder solo la cueva con el argumento de que el valor "en su estado actual" es de 108 millones de euros, según una tasación que aportó. Esta cantidad es 8,5 veces superior a la que dio en su día para las 80 parcelas de toda la propiedad, que suma 1.932 hectáreas.

El empresario minero dio orden en 2007 de entrar con un excavadora en Chaves para hacer un abrevadero de cabras, pese a que sabía que era un yacimiento arqueológico. Estaba considerado el más espectacular de Aragón y un referente en España y Europa. Su interés fue documentado en 1975 y hasta 2007 hubo numerosas campañas de excavación. Solo se estudió una parte, extrayendo 110 m3 de depósitos arqueológicos, y se calcula que la maquinaria pesada destruyó 1.017 m3 de sedimentos neolíticos.

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