Victorino Alonso ha sido condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 25,5 millones de euros por la destrucción de la cueva de Chaves, un yacimiento neolítico ubicado en el coto de caza de Bastarás, en el municipio de Casbas. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca considera que el empresario leonés es "penalmente" responsable de un delito contra el patrimonio histórico por ordenar las obras que arrasaron prácticamente todos los niveles arqueológicos de esta gruta, donde hasta 2007 se realizaron excavaciones.

La sentencia, hecha pública ayer, considera que Alonso no solo conocía la existencia del yacimiento dentro de la cueva de Chaves sino "también de su valor arqueológico y por consiguiente también de su protección" por lo que le impone la pena de cárcel."Dejadez" de la DGA

El juez también ha reconocido que la destrucción de la cueva de Chaves ha causado daños por valor de 50,9 millones de euros, según el informe realizado en su día por Vicente Baldellou, que fue director del yacimiento y del Museo de Huesca y que falleció en 2014. No obstante, reduce esta cuantía al 50% a la hora de fijar la indemnización porque la "dejadez" del Gobierno de Aragón en cuanto a la protección de este emplazamiento influyó "de forma significativa" en la decisión de Alonso a la hora de llevar a cabo las obras que lo destruyeron.

El magistrado hace responsable subsidiario del pago de la indemnización a la sociedad que gestionaba el coto, Fimbas S. A. de la cual se considera administrador de hecho al empresario. Asimismo, absuelve a Alonso del delito contra el medio ambiente que se le imputaba "porque no existe prueba suficiente"; y a la empresa Ferpi Transportes y Obras S.A. y a la compañía Mapfre de las responsabilidades civiles que se les pedían.

La cueva de Chaves, con 3.300 m2, albergaba un yacimiento arqueológico considerado como uno de los dos más importantes asentamientos neolíticos de la península Ibérica. Fue descubierto por Baldellou en los años 70 y hasta 2007 las intervenciones arqueológicas se desarrollaron sobre todo en una zona de 110 m2 . La investigación se realizaba cada año en verano con la autorización de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón y de la empresa Fimbas S.A.

El juez considera probado que en octubre de 2007, "sin previa comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio y sin ponerlo en conocimiento del director de las excavaciones ni de ningún otro arqueólogo, Alonso ordenó vaciar el interior de la cueva de losas y sedimentos con el fin de nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras".

Según la sentencia, estas obras supusieron "la práctica destrucción del nivel neolítico del yacimiento". El perjuicio total ocasionado, atendiendo no solo al valor de los sedimentos dañados sino también "al coste de información perdida, de actuaciones de reparación y el índice de sensibilidad del bien afectado, fue de 50,9 millones de euros".

El proceso judicial se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía. El juicio se celebró a finales de septiembre. El fiscal mantuvo la petición de 2 años y 6 meses de prisión pero rebajó la cuantía de la indemnización a 14 millones. El Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, acusaciones particulares elevaron la cuantía a 50,9 millones, atendiendo al informe de Baldellou. Los abogados de Alonso y de las empresas encausadas defendieron la prescripción del delito y, en todo caso, rebajaron la indemnización a 800.000 euros porque había sido "una actuación desgraciada, que no se hizo con intención".

La Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) manifestó ayer su satisfacción por el fallo judicial. La abogada Pilar Villellas señaló que "lo importante, independientemente de la condena, que también, es que al fin se ha reconocido el valor de la arqueología, se ha empezado a cuantificar con otro criterio". "Ya no será tan barato destruir un yacimiento", añadió.

Pablo Malo, abogado de Ecologistas en Acción, apuntó que "en líneas generales estamos contentos con la sentencia porque se buscaba una condena, una acción de resarcimiento de los daños que se habían producido y que hechos como ese no quedaran impune de cara a la sociedad". No obstante reconoció que "nos queda la espina clavada de que el delito medioambiental no se haya tenido en cuenta a la hora de sancionar como pensamos que se debía hacer. Ambos letrados indicaron que todavía no han decidido si recurrirán los términos del fallo judicial. Desde la DGA apuntaron que la sentencia no había llegado aún a los servicios jurídicos.Recurso

Por su parte, los abogados de Alonso presentarán un recurso de apelación que entienden puede prosperar "a la vista de la concurrencia de culpas de la Administración de Aragón que determina, categóricamente, la propia sentencia", según una nota de prensa que reporta Europa Press.

Pilar Utrilla, codirectora de la excavación de la cueva de Chaves, indicó que la sentencia era "correcta". "Estoy contenta, y Vicente Baldellou también lo estaría", apostilló.