Urbanismo 

Propietarios de un polígono de Huesca reclaman 600.000 euros al Ayuntamiento

La Junta de Compensación de un terreno de La Magantina situado junto al paseo Lucas Mallada pide al Juzgado que ejecute la sentencia de 2012 al no estar de acuerdo con la modificación urbanística acometida.  

Parte del suelo industrial linda con el paseo de Lucas Mallada.
Parte del suelo industrial linda con el paseo de Lucas Mallada.
Rafael Gobantes

Los propietarios de un terreno en el polígono industrial La Magantina de Huesca han solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 la ejecución  de la sentencia que obliga a la Ayuntamiento de la capital oscense a indemnizarlos con 600.000 euros porque  las condiciones establecidas en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 2003 no permiten el desarrollo de ese suelo si no es con una importante pérdida económica debido a la existencia del barranco del Diablo, lo que conlleva un daño patrimonial para sus dueños.  

El fallo judicial que obliga a indemnizar a los afectados data de 2012 y fue corroborado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en 2016 , tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de Huesca. De hecho, este estimó todas las demandas municipales contra la sentencia salvo la relativa a la responsabilidad patrimonial, que condenaba a la administración local a abonar a la Junta de Compensación de esta unidad casi 400.000 euros, que años después han llegado a 600.000 con los intereses de demora. La sentencia de 2016 resalta que, este caso, "ha habido un planeamiento que genera un daño... y es evidente que solo genera derecho a indemnización" Según el perito judicial, en las condiciones que establecía el PGOU, "no es posible el desarrollo urbanístico de este suelo por las discrepancias existentes entre el planeamiento vigente y la realidad física de los terrenos".   Aun más, el TSJA anula la sentencia recurrida en el particular que obliga a modificar el plan.

Durante estos últimos años, los propietarios han estado negociando con los responsables municipales posibles modificaciones en cuanto a usos y alturas para que desarrollo urbanístico resultara posible. Ya en 2007, el entonces alcalde, Fernando Elboj, señaló que los dueños del suelo sin edificar en La Magantina "también desearían una planeamiento mixto entre uso industrial y terciario para poder sacarlo adelante". Esa fue la solución para las parcelas colindantes, propiedad del Grupo Raventós y donde estuvo en su día la fábrica de Alvisa. Aquí, además de industria 'limpia' se permite ubicar, bares, oficinas e incluso residencias para ancianos o para estudiantes.    

Una calificación similar es lo que ha estado tratando de conseguir la Junta de Compensación que preside Gregorio Cabrero.  "El actual PGOU divide la antigua manzana 7 del polígono La Magantina en dos partes,  la Unidad de Ejecución UE 08-01, que es la nuestra, y la UE 08-02, que es la de Raventós", ha indicado. "El Ayuntamiento dijo que lo dividía para facilitar la urbanización", ha añadido. 

Eludir el pago de la indemnización

Pero las conversaciones, iniciadas en 2016,  finalizaron hace unas semanas, cuando "el Ayuntamiento nos dijo que, en cumplimiento de la sentencia estaba redactando una modificación aislada del plan", ha señalado Cabrero. La propuesta municipal se basa en que se "si se modifica el plan previendo una ejecución viable económicamente, puede no generarse daño alguno", lo que, según los técnicos del Ayuntamiento, eludirá el pago al cual obliga la sentencia, aunque el TSJA desestimó esa salida.

Aun así, los propietarios podrían haberse avenido si los cambios hubieran igualado las condiciones otorgadas al suelo del Grupo Raventós. Pero no ha sido así. " Allí les dejan levantar planta  baja más cuatro alturas, pero a nosotros nos dicen que no, porque sería como levantar una pared", ha señalado Cabrero. Además , "en la modificación que han hecho no contemplan el uso terciario hostelero", ha apostillado. 

El documento está en exposición pública. Según el Ayuntamiento, "la modificación aprobada en el pleno del 2 de marzo, lo que hacía era satisfacer la ejecución de la sentencia". "La modificación está en estos momentos en exposición pública y por lo tanto, cualquiera está en su derecho de alegar", han manifestado los responsables municipales. Los propietarios afectados esperan la contestación a su demanda. 

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