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Huesca

El obispo de Lérida alega que no era libre cuando reconoció la propiedad aragonesa de los bienes

La diócesis catalana formaliza su recurso contra la sentencia que le obliga a devolver las 111 obras de arte. La apelación invoca a la "obediencia debida" a Roma para justificar que entre 2008 y 2017, en tres ocasiones, reconoció que las obras de arte eran de las parroquias.

El Obispado de Lérida se opone a traducir al castellano los documentos del juicio de los bienes de Aragón.
El obispo de Lérida, Salvador Giménez.
Rafael Gobantes

El obispo de Lérida, Salvador Giménez, ha formalizado ante la Audiencia Provincial de Huesca el recurso contra la sentencia del 10 de diciembre de 2019 del juzgado número 1 de Barbastro que le ordenó la devolución "inmediata" de las 111 obras de arte de las parroquias aragonesas retenidas en Cataluña. También han apelado la Generalitat y el Museo de Lérida.

En las alegaciones, la diócesis ilerdense argumenta ahora que no actuó libremente cuando en varios momentos entre 2008 y 2017 reconoció la propiedad aragonesa de los bienes en litigio. Invoca el principio de "obediencia debida" para justificar el acatamiento de las sentencias vaticanas, mientras que no les da valor en el actual pleito civil contra el obispado de Barbastro.  

El recurso, firmado por el abogado Javier Gonzalo Migueláñez, enumera ocho motivos para apelar el fallo de primera instancia. El primero se basa en la falta de libertad en las manifestaciones de los diferentes prelados catalanes, desde Javier Salinas hasta Salvador Giménez, aceptando las resoluciones de los tribunales eclesiásticos y reconociendo la propiedad de las obras de arte.

Según la sentencia, esas manifestaciones eran "suficientes" e "inequívocas" para acreditar la propiedad. El juez cita tres: el acuerdo de 2008 de los obispos de Lérida y Barbastro ante el nuncio, en el que cumpliendo las resoluciones vaticanas reconocieron la pertenencia de los bienes eclesiásticos a las parroquias transferidas; la posición mantenida por Lérida en el acto de conciliación tras la demanda civil en 2017; y la solicitud dirigida a la consejera de Cultura de la Generalitat solicitando autorización para disponer de las piezas que se encuentran en posesión del Museo de Lérida.

Tales declaraciones, dice el recurso del abogado del obispo Giménez, "carecen de valor" ahora porque no fueron actos libres, sino motivados por "la obediencia debida" a la jerarquía vaticana y por lo tanto no tienen validez en un procedimiento civil. "No se emitieron en un ambiente de plena y absoluta libertad de actuación como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo sino bajo el imperativo de la obediencia debida", señala en su apelación Javier Gonzalo. Añade que cuando la diócesis de Barbastro-Monzón demandó a la de Lérida, Giménez notificó a la Santa Sede el litigio y en este caso no recibió "orden alguna, lógicamente porque estaba demandado en un juzgado civil" y la ley le ampara para "legítimamente oponerse, como cualquier otro ciudadano" y ejercer acciones para la defensa de los bienes de su diócesis.

La apelación recuerda que el obispado se opone a la entrega de 83 piezas mientras acepta devolver 28 cuya titularidad sí admite. Casualmente entre las primeras están las más valiosas, como los frontales de los retablos de San Vicente de Treserra (1.200.000 euros) y de San Hilario de Buira (900.000 euros), que suman 7,7 millones de euros. La tasación de las otras apenas alcanza los 52.000 euros.

El recurso de Lérida consta de 930 páginas. La mayor parte son los documentos del protocolo notarial con los manuscritos del obispo Messeguer de hace un siglo sobre el traslado de las piezas. El juez no les dio validez, alegando por contra la ausencia de contratos de compra-venta, pero el abogado de Lérida cree que se deben valorar como prueba. También considera un error no apreciar la usucapión, o sea el derecho de la diócesis catalana a considerarse propietaria de los bienes por su posesión continuada.

"Es escandaloso"

Jorge Español, abogado de la causa de Sijena que colabora con Joaquín Guerrero en la defensa de Barbastro-Monzón, tacha de "escandaloso" que un obispo católico "pretenda hacer tabla rasa de toda la disciplina eclesiástica y del código de derecho canónico que le obliga a sujetarse a las sentencias vaticanas". A título particular enviará una carta al Nuncio y al secretaría de Estado de Roma para que conminen al obispo a retirarse de la apelación, como ocurrió ya con otro pleito civil en la Audiencia de Lérida.

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