Alcaldes y empresas del río Gállego piden las inversiones pendientes hace 30 años

"El proyecto del pantano de Biscarrués en el río Gállego está ya finiquitado definitivamente". Los alcaldes de Biscarrués, Chema Giménez, y Santa Eulalia de Gállego, José Antonio Casaucau así como representantes de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, organizaciones ecologistas y de la Asociación Gállego Activo (AGA) han valorado este viernes el rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2017, que anuló el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental.

Tras la sentencia, el Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado que no tiene previsto reconsiderar esta obra y, por ello, las administraciones locales y los colectivos que han luchado contra este proyecto señalan que "ya no hay nada más que discutir sobre ningún pantano en el Gállego y el río se debe preservar como medio de vida en su estado natural actual y futuro". Además de destacar su apuesta por un "desarrollo sostenible" entienden que "es el momento de realizar las inversiones pendientes en la zona desde hace más de 30 años y que no se acometieron por el proyecto del pantano". Entre ellas están la mejora de las carreteras y la implantación de la banda ancha.

Todos ellos han coincidido en que la sentencia del Supremo es "taxativa y contundente" al considerar que no está justificado un interés público superior para justificar esta obras, ya que implicaba levantar una presa en el río y alterar una masa de agua. Este "interés" es exigencia establecida por la Directiva europea para poder autorizar un proyecto que altera los cursos de agua.

Según han manifestado los representantes municipales, empresariales, ecologistas y vecinos de la zona del río Gállego, el Tribunal Supremo "resuelve con claridad que la correcta es la tesis nuestra y no la contraria". "La sentencia señala que ese interés público superior es algo más que la mera declaración del proyecto como de interés general”, y que las razones en las que pueda asentarse aquel son solo las que respondan a la necesidad de proteger valores fundamentales para la vida de los ciudadanos (salud, seguridad, medio ambiente), de garantizar políticas fundamentales para el Estado y la sociedad, o de cumplir obligaciones específicas de servicio público".

Un referente para otros proyectos

Jesús Estachod (presidente de la Coordinadora) ha agradecido el apoyo de colectivos de otros territorios afectados por obras hidráulicas en esta reivindicación y ha señalado que la sentencia es "un referente" en esta lucha que "esperamos sirva para que se revisen y paralicen" otros proyectos como Yesa, Mularroya, el Bergantes o el Delta del Ebro. La portavoz de esta plataforma, Lola Giménez, ha afirmado que este fallo judicial "sienta jurisprudencia" y que el pantano está "descartado" porque los gobiernos "no pueden ser ilegales" y según el Supremo ninguna masa de agua en buen estado puede ser modificada. "Aunque haya un cambio de gobierno, es totalmente inviable que se haga el embalse", ha añadido.

Luis Tirado (Seo-Birdlife), que ha intervenido también en nombre de otras cuatro organizaciones conservacionistas, ha resaltado que la sentencia del Supremo "salva una zona de alto valor ecológico y paisajístico" en el entorno de los Mallos de Riglos, declarado recientemente monumento natural y para el que se pide su ampliación. Asimismo, ha apuntado que el fallo judicial puede suponer "un cambio" en la política hidraúlica, ya que los parámetros relacionados con el cambio climático están ligados a una menor demanda de agua. En este sentido, ha animado a Riegos del Alto Aragón y a otras comunidades de regantes a ir "de la mano" para afrontar una "desescalada ambiental del regadío", ya que estas sentencias deben "ayudar a reflexionar y a trabajar juntos en alternativas para el futuro".

Apuesta por el desarrollo

El alcalde de Santa Eulalia de Gállego, José Antonio Casaucau, ha manifestado que es "tiempo de recuperar lo que se ha perdido con la amenaza del embalse" tanto por el "abandono institucional" como por la pérdida de iniciativas privadas. Entre los proyectos más necesarios está la mejora de carreteras como la A-1202 entre Murillo de Gállego y Biel; la A-132 o la A-125 entre Zuera y Ayerbe (donde están hechos los desmontes) así como en la rehabilitación de los puentes de hierro sobre el embalse de la Peña o Santa Eulalia.

En opinión de Gustavo Ortas (Gállego Activo), la sentencia que anula Biscarrués implica "quitar el freno de mano" para seguir con el turismo activo. "Durante muchos años, a pesar de tener encima la espada de Damocles, las empresas de aguas bravas hemos seguido trabajando". A este respecto, ha señalado que dicha actividad es un "complemento" al desarrollo agrícola y ganadero tradicional de la zona. Además, ha recordado que en los albores del proyecto del embalse en la escuela de Murillo de Gállego había tres niños mientras que ahora son 18 los alumnos y que el colegio de Ayerbe, que antes impartía solo hasta 2º de ESO, ha ampliado la formación hasta 4º.