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El otro fallo de los bienes tardó dos años en ejecutarse y con auxilio de la Guardia Civil
Este miércoles, 11 de diciembre, se cumplen casualmente dos años del traslado de las piezas desde el Museo de Lérida con la intervención de la fuerza pública tras los reiterados incumplimientos de la Generalitat.
La publicación de la sentencia favorable de los 111 bienes reclamados por las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón ha coincidido con el segundo aniversario del regreso de los bienes de Sijena. Otra batalla legal que ganó Aragón pero que tardó dos años en poder ejecutarse. Fue el 11 de diciembre de 2017, después de que el juez Antonio Martín González ordenara su salida del Museo de Lérida con intervención de la fuerza pública ante la resistencia del Gobierno catalán a cumplir el fallo de 2015.
El Obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón, las partes demandantes de este nuevo litigio de las 111 piezas, deberán decidir ahora si piden la ejecución provisional de esta nueva sentencia.
En el caso de Sijena, la juez Carmen Aznar había dictado la sentencia sobre los 97 bienes de Sijena dos años antes y le dio luz verde a la ejecución provisional. Llegó a fijar hasta tres fechas de entrega para las obras depositadas en el Museo de Lérida, incumplidas reiteradamente, pero no autorizó la entrada al edificio, pese a tener 36 solicitudes de intervención del Ayuntamiento de Villanueva y la DGA.
Pero la magistrada se trasladó a Zaragoza y entonces llegó un sustituto, Antonio Martín. Estuvo solo un mes, pero fue quien definitivamente logró la ejecución de la sentencia coincidiendo también con la confirmación del fallo de primera instancia por parte de la Audiencia Provincial de Huesca.
Sus resoluciones se basaron en tres providencias. La primera, del 15 de noviembre de 2017, apelaba a la aplicación del 155 para pedir la entrega al ministro de Cultura y entonces responsable de la consejería catalana. Unos días más tarde la reiteró y advirtió que enviaría a la fuerza pública, si Íñigo Méndez de Vigo desoía su requerimiento. Por último, el 4 de diciembre autorizó a la Guardia Civil la entrada a partir de la medianoche del día 11, si antes no se había ejecutado la sentencia, para garantizar su cumplimiento, ya que se sabía por informes policiales que el Museo de Lérida no iba a facilitar la devolución.
Finalmente, aquel día, el Gobierno de Aragón envió un camión de una empresa especializada en obras de arte y antigüedades para trasladar los bienes bajo la supervisión de técnicos de Patrimonio de la Guardia Civil y de la Diputación General de Aragón.
