SEGURIDAD EN LAS ZONAS RURALES
¿Por qué los pueblos no pueden tener cámaras de videovigilancia?
Alcaldes de Huesca piden levantar las trabas legales que impiden a municipios sin Policía Local colocarlas en la vía pública. El PP propone en la Diputación llegar a núcleos de menos de 250 habitantes.
La comarca de la Ribagorza, la más extensa del Pirineo, con 34 municipios y 192 núcleos de población repartidos en 2.380 kilómetros cuadrados, solo cuenta actualmente con un agente de la Policía Local, el que tiene el Ayuntamiento de Benasque. Para paliar la falta de vigilancia, ya que la Guardia Civil no puede llegar a atender todo el ámbito rural, algunos alcaldes han solicitado la instalación de cámaras de videovigilancia, pero su pretensión se topa una y otra vez con la normativa, ya que solo los municipios con cuerpo de Policía Local capaz de custodiar las imágenes pueden contar con estos dispositivos.
El problema se ha puesto sobre la mesa en el debate de presupuestos de la Diputación Provincial de Huesca, que este miércoles aprobó la cuentas del 2020. El grupo del Partido Popular presentó una enmienda para invertir, a través de un plan plurianual, en la colocación de cámaras en las entradas de las localidades de menos de 250 habitantes.
"En la provincia son unos 500 núcleos, y están en clara desventaja con la ciudad en materia de seguridad. Muchas casas se han quedado vacías, viven una o dos personas, y casi todas mayores. Falta esa tranquilidad que podría dar una cámara de videovigilancia, que actuaría como un medio disuasorio y permitiría identificar a presuntos delincuentes", explicó la diputada Celsa Rufas.
A su juicio, tendría cobertura legal, y de hecho se está haciendo desde este año en Cataluña, donde la comisión de control de videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia levantó el veto. La consejería de Interior de la Generalitat facilita la instalación de cámaras a los ayuntamientos sin Policía Local, previa justificación de la necesidad de seguridad y mediante la firma de un convenio de colaboración. Los municipios compran y colocan los aparatos y la custodia de las imágenes corresponde a los Mossos d’Esquadra. Celsa Rufas plantea que en Aragón las imágenes podrían quedar bajo la responsabilidad de la Guardia Civil o de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma.
La enmienda fue rechazada porque en este momento no existe soporte legal en Aragón para que los ayuntamientos pequeños puedan colocar cámaras en las vías públicas, justificó el presidente, el socialista Miguel Gracia. Él mismo hizo una solicitud, como alcalde de Arén, para instalar una en una zona donde se concentran varios talleres y un punto limpio en el que con frecuencia se producen vertidos ilegales, pero fue rechazada por la subdelegación de Gobierno.
"Hemos planteado el asunto y nos han dicho que no, ni siquiera es posible a través de convenios con ayuntamientos que tienen Policía Local o con la comarca", declaró Gracia, quien reclamó una solución normativa. Es consciente de que la Delegación de Gobierno y las Subdelegaciones están trabajando en ello.
Lo mismo le ocurrió a la alcaldesa de Graus, la capital de la Ribagorza, también sin Policía Local. El Ayuntamiento intentó poner un sistema en el recinto de interpeñas en las fiestas de septiembre. Hizo la petición, con el respaldo de la Guardia Civil para custodiar las imágenes, pero tampoco obtuvo autorización de la subdelegada. "Ni siquiera lo podía hacer la Guardia Civil si las cámaras eran municipales", explicó la alcaldesa, Gemma Betorz.
La Delegación del Gobierno en Aragón aseguró que lleva un año trabajando en establecer un marco normativo para permitir la videovigilancia en las zonas rurales. "Es una cuestión muy complicada, pero se resolverá en unas semanas", comentaron fuentes de la misma, aludiendo a que debe intervenir la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón, integrada, entre otros organismos, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias.
