Niegan el tercer grado a un condenado por asesinato en Monzón tras cumplir 12 de los 15 años

Haber cumplido la mitad de la condena permite recibir, en ocasiones, importantes beneficios penitenciarios como acceder a un régimen de semilibertad. Pero no siempre es así. Y la prueba es que la Audiencia Provincial de Huesca ha rechazado el recurso presentado por un condenado por un asesinato cometido en Monzón en 2007 que había solicitado acceder al tercer grado después de haber cumplido ya 12 de los 15 años de la pena.

La sentencia dictada por la propia Audiencia en marzo de 2009 le declaró culpable de un delito de asesinato con la atenuante de confesión, según el veredicto del jurado popular. José María Guerrero, que entonces tenía 46 años, mató en junio de 2007 a un compañero de trabajo con el que compartía piso en Monzón tras golpearle con una botella en la cabeza mientras dormía.

Además, se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse durante 20 años con la hermana y las cuatro hijas de la víctima, y el pago de una indemnización a favor de ellas de 270.000 euros.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza desestimó el 27 de junio de este año un recurso de queja del abogado del condenado y ratificó la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zuera de mantener la clasificación de segundo grado, que permite llevar una vida normalizada dentro del centro.

Entonces, recurrió a la Audiencia alegando que había cumplido ya tres cuartas partes de su condena. Pero el tribual ha hecho suyos los argumentos del Juzgado de Vigilancia Penitenciara y subraya que subsiste un riesgo "muy alto" de reincidencia. «Y no podemos pasar por alto, junto con la grave naturaleza del delito cometido (asesinato), la lejanía para el total licenciamiento de la condena el 28 de mayo de 2022».

Destaca, además, que ha disfrutado ya de tres permisos ordinarios pero pese a su "buena evolución", este hecho "carece de peso suficiente" para contrarrestar los factores que han desaconsejado su progresión a tercer grado. Y recuerda, asimismo, que sigue vigente la prohibición de comunicación y aproximación a los familiares de la víctima.

También hace hincapié en que incumple uno de los requisitos necesarios para acceder a este beneficio: abono de la responsabilidad civil. Y en este sentido, la Audiencia resalta que en los diez años que lleva condenado (han pasado más de 12 desde los hechos), solo ha pagado 2.077,31 euros y le faltan 269.622,69 euros.

Por todo ello, concluye que es conveniente mantener el segundo grado "para que el recurrente consolide los factores positivos de la intervención, al tiempo que se permite que la grave pena impuesta produzca los efectos coercitivos que le son propios".